Imatge
Suscribo totalmente tanto el titulo como el contenido del articulo que mostrare a contunuación, desde el primer plano de la atención primaria vemos el transcurrir diario de nuestros pacientes, el considerar absentismo laboral el hecho de estar enfermo para mi es un crimen por negación de asistencia, están siendo criminales, ya no es el hecho de acudir al trabajo en malas condiciones de salud, sino que se traduce en un peligro de sanidad publica por transmisión de patologías infecciosas, es también el no acudir a reconocimientos necesarios para diagnosticar ciertas enfermedades mortales,el vernos con las manos atadas cuando le pedimos a un paciente que se coja la baja o que no se de el alta es frustrante, no se si desde el gobierno se dan cuenta del real alcance de sus medidas, pues estas atentan ya contra los derechos humanos, por lo tanto me declaro insumisa,atenderé a todos con tarjeta o sin tarjeta ya me parece demasiado inhumano lo que veo y no puedo resolver como para lavarme las manos en el conformismo y la sumisión porque no soy política porque las finanzas para mi son lo que son y porque prometí cuidar de la salud de mis pacientes en fin porque soy medico, me uno a las filas de la insurrección.

Me importa un colín lo que diga Rajoy porque yo soy médico

BERTA CHULVI
Quien así habla es Nani Gómez, ella es médico de atención primaria en el barrio El Palo (Málaga), desde el inicio de la crisis hasta el momento ha observado un notable incremento de los casos de insomnio y ansiedad en su consulta. “Por lo menos se han duplicado”, señala Gómez. Hasta el personal sanitario de atención primaria llegan los efectos de la crisis de forma desgarradora.

Los que sí están viendo los efectos de la reforma laboral son los médicos de atención primaria. Los trabajadores son despedidos al segundo parte de baja: “Tengo un chaval joven que es camarero y que aún no sabemos si lo que tiene es un cáncer. Con el segundo parte de baja, el de confirmación de siete días, ya lo han despedido”, explica la doctora Nani Gómez.

En esta situación, “la gente no quiere el parte de baja ni por saber que va a morir –añade la doctora Gómez–, estoy viendo mujeres embarazadas que están marcando y que no quieren la baja porque temen que las despidan. La matrona está horrorizada porque ya ni siquiera la gente se pide el permiso para acudir a las sesiones de preparación al parto”.

La doctora Gómez tiene muy claro que en la sanidad se están pagando los desmanes de los bancos: “Yo le pongo caras a los 23.000 millones que el Gobierno le va a dar a Bankia. La del anciano a quien le han denegado la ayuda de la ley de dependencia y que tiene un hijo con síndrome de Down, o la del inmigrante al que se supone que yo no podré atender en mi consulta a partir del 31 de julio por las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy para la sostenibilidad del sistema sanitario”. Frente a esta situación no tiene dudas: “Yo a los inmigrantes los voy a seguir atendiendo después del 31 de julio. A mí me importa un colín lo que diga Rajoy porque yo soy médico”. Lo que se está viendo desde la consulta de atención primaria es el deterioro a la carrera de las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras: “Yo antes venía a la consulta escuchando las noticias, pero ahora vengo escuchando al Cigala porque, con lo que me cuentan mis pacientes, ya tengo mi dosis diaria de pena”.

Desde el medio rural

Allí han ido a refugiarse muchas de las familias que en la ciudad no encuentran medios de subsistencia, explica una médico de un municipio del interior valenciano que prefiere guardar el anonimato: “Estamos en estos momentos frente a una consulta de mucho desgaste porque la gente llega en situaciones límite. La pobreza genera enfermedad y nos estamos encontrando con familias enteras que se vienen a vivir con los abuelos porque en la ciudad no se pueden mantener. No he visto aún ningún caso de desnutrición, pero sí gente muy delgada, o gente que se deja tratamientos porque no puede pagar los tres euros en la farmacia, o que va a la farmacia y les pide pagar los tres euros en tres plazos”, explica esta médico. “Estamos registrando más casos de retraso escolar en los niños, de epilepsia, de diabetes o de bronquitis crónica que sin duda están relacionados con la situación de pobreza”.

Otros casos son los de jóvenes que abandonan tratamientos de vacunas antialérgicas porque no tienen dinero para pagarla o gente con problemas en la dentadura que no se arregla los dientes también por falta de recursos. Esta médico con muchos años de experiencia se encuentra en estos momentos recetando medicamentos que no son de última generación porque los pacientes le piden que les recete los más baratos.

Hace unos años estas situaciones se encontraban sólo entre la población inmigrante, ahora son familias de Puerto de Sagunto, de Baladre o del Cabanyal que vuelven al pueblo porque aquí la vida es más barata. “Estamos viendo mucha patología psicosocial –explica esta médico–, son personas que han perdido el trabajo y no ven perspectivas de recuperarlo y llega un momento que lo que tienen ya no es sólo tristeza, sino un cuadro depresivo completo e ideas suicidas: yo así no sé cuánto tiempo voy a durar. No le extrañe si un día ya no vengo, te dicen los pacientes”. La psiquiatra del centro de especialidades que atiende este municipio está saturada, porque no son sólo los que se han quedado sin trabajo, sino mucha gente que tiene titulaciones superiores y que ahora se encuentra haciendo trabajos manuales muy mal remunerados y que desarrollan toda una sintomatología psicosocial y físiológica, como las cefaleas o el insomnio.

Su experiencia con las bajas es la misma que la de Nani Gómez: “Para mí la incapacidad laboral transitoria es parte del tratamiento, es el reposo que permite que el paciente sane y pueda reincorporarse al trabajo en condiciones. Este año ha sido la primera vez que me tenido que pelear con mis pacientes para que se cojan las bajas. Hay gente que ha ido a trabajar con gripe y con 39 de fiebre, con el peligro de contagio que eso supone, o que han ido a trabajar con neumonía o con una fractura. Y no ha habido manera de convencerles porque para ellos y ellas no perder el trabajo era más importante”. Esta doctora nos cuenta un caso muy gráfico, el de una paciente suya que se cogió el alta voluntaria antes de que terminara el periodo pautado de baja y que igualmente ha sido despedida. La salud de la población también se deteriora con la desaparición de los recursos de inserción. “Muchas veces, el tratamiento de determinadas patologías psicosociales pasa porque los pacientes encuentren sentido a sus vidas y estén ocupados y ahí estamos viendo cómo se han cerrado todos los talleres de empleo, las escuelas taller, y todo un conjunto de actividades cuya desaparición también repercute directamente en la salud de las personas”, explica esta doctora.

Las cifras de la crisis

En el último año han perdido su empleo 718.500 personas según la Encuesta de Población Activa. Desde el inicio de la crisis, en 2008, son tres millones de personas –un 15% del empleo total– las que se han quedado sin trabajo. La población asalariada que tiene un contrato fijo se ha visto reducida un 6,5% y la población con contratos temporales se ha reducido prácticamente un tercio. En este periodo de crisis han dejado de trabajar 562.700 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, lo que conocemos como autónomos. De los testimonios de los profesionales de la salud se deduce que se está produciendo un importante incremento del presentismo. La criminalización que se ha producido sobre las personas por el hecho de estar enfermas y usar la incapacidad temporal es uno de los peores efectos de esta crisis económica. La amenaza del despido pende sobre ellas, y se les hace sentir culpables por el mero hecho de contraer una enfermedad.

Según el Instituto Nacional de Estadística, un 19,5% de la población española vive en una situación de pobreza relativa. En algunas comunidades como La Rioja (22,7), Castilla-La Mancha (27,4), Canarias (27,5), Murcia (28,6), Andalucía (29,3), Extremadura (36,2) o Ceuta y Melilla (36,6), la situación es más grave.

También según el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto de la población española un 40% tiene problemas para tomarse una semana de vacaciones, un 37% tiene dificultades para afrontar gastos imprevistos, un 30,4% tiene problemas para llegar a fin de mes y un 7,7% no puede afrontar los pagos de la vivienda habitual.

Las desigualdades sociales en salud son una de las caras más expresivas y dramáticas que está dejando la crisis económica y las políticas de austeridad y regresión social –reforma laboral– que el Gobierno está aplicando. En las empresas, esta desigualdad se expresa también en forma de menor prevención y protección de la salud. Hoy podemos afirmar con toda seguridad que tenemos un país más desigual y más injusto socialmente.

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