13 de julio de 2012   

Estimados amigos: malos tiempos, sin eufemismos y sin catastrofismo, pero es la realidad.  Pensamos que todos tenemos en mente que existe una crisis política (no sólo a nivel nacional) y ética, que es el origen de esta situación de perdida de derechos, incluso ya de libertades de los ciudadanos a manifestarse y protestar, de desigualdad cargando sobre los más débiles el peso de la deuda.

Cuando un estado justifica esta serie de medidas que hacen a los vulnerables cada vez más pobres, que aumentan la exclusión social y la pobreza, y cuando una y otra vez, aprieta a los mismos y con las mismas medidas que ya se ha visto que son ineficaces y que sólo producen más desempleo y deterioro de la actividad económica. Cuando no quiere ni oír la posibilidad de plantearse otras alternativas que las hay como ya casi todos ciudadanos reclamamos (actuar contra el fraude fiscal, que tributen correctamente las grandes empresas, que se eliminen los países fiscales, que el dinero que se preste a los bancos vaya al ICO para se cree por fin empleo que reactive la economía, que exista incompatibilidad de cargos y salarios en diputados, etc.), y cuando los diputados del congreso aplauden desmedidamente ante estas medidas, e incluso a sus aplausos añaden  vítores y frases como “que se jodan”… no podemos dejan de preguntarnos ¿Qué tipo de democracia es esta?  Y añorar a un nuevo Robin Hood o al protagonista de V de Vendetta. Quizá porque esto es lo que la mayoría podemos estar pensando es por lo que de los presupuestos lo único que han aumentado son los recursos humanos en fuerzas de seguridad y en material antidisturbios. Malos tiempos si temen que los ciudadanos defendamos en la calle nuestros derechos, los que nos permitían vivir con la tranquilidad de que habíamos superado una época oscura de nuestra historia y de los que nos sentíamos orgullosos y merecedores.

                                                                                             

Pasando al tema de nuestra sanidad pública valenciana resulta doblemente lamentable los contenidos de dos publicaciones en prensa. Lo es porque la primera, que son declaraciones del Conseller de Sanitat, afirma que llevan años gestionando mal y endeudándose conscientemente hasta que la situación ha sido insostenible. Que apuesta claramente por la privatización completa de la Sanidad y que el problema sería político de cómo retirar la plaza en propiedad a los miles de empleados públicos. La segunda está el la publicación de los comentarios al borrador del documento de negociación para el diálogo competitivo del nuevo modelo de gestión compartida y los problemas que presenta, tanto a nivel de requisitos legales como por las pretensiones de las empresas interesadas. Como parecen descerebrados, o piensan que los demás lo somos, no tienen contención a la hora de hablar y contradecirse y según el medio de comunicación al que acceden y se sienten más o menos cómodos para ir soltando retazos que al unirlos los dejan claramente en evidencia. Bien, pues en este artículo que os destacamos manifiestan que han conseguido un ahorro de 152 millones en los primeros seis meses de 2012, gracias a la colaboración del personal y medidas de ajuste. Este ahorro equivale casi al canon anual a pagar por el operador privado en la gestión compartida.  ¡Atención! Quieren privatizar la sanidad valenciana porque es insostenible. Se reconocen incapaces de gestionarla. Pero, sólo al poner un poco de orden, han conseguido en 6 meses recuperar un año de canon. Además, si nos preguntaran, todos les podríamos decir dónde ahorrar y hacer más eficaz nuestro trabajo. ¿Qué negocio estamos haciendo malvendiendo la sanidad? ¿No contradice este hecho a su exigencia como acto de fe de la negación de otro  camino distinto a la privatización para asegurar la sostenibilidad de la sanidad? ¿Por qué no tomaron esas medidas antes? Y si encima reconocen que no lo han hecho y se han ido endeudando año tras año sin mirar formas de hacer el sistema eficiente y esto va a repercutir en el acceso a la salud de la población, en el sueldo de los trabajadores sanitarios, en sus jornadas y condiciones de trabajo ¿No deberían asumir alguna responsabilidad de su mala gestión, su conocimiento de la misma y su falta de actuación? Responsabilidades políticas, cierto, pero ¿Y responsabilidades penales por prevaricación?

                                                                                              

                                                                                                         

Índice

1.     Recortes del gobierno del estado. Resumen y comentarios sobre los recortes que se serán aprobados hoy 13 de julio en el consejo de ministros.

2.     Declaraciones del Conseller de Sanitat en el Foro Sanitario Alzira. Sin ningún tipo de pudor, confiesa que mantuvieron una política presupuestaria deficitaria y desastrosa para no perder las elecciones.

3.     Revista de prensa.

Os hacemos una selección de los artículos más interesantes de la semana. Ya os hemos comentado al inicio  el tema de los comentarios al borrador del documento de negociación para el diálogo competitivo del nuevo modelo de gestión compartida y los problemas que presenta, tanto a nivel de requisitos legales como por las pretensiones de las empresa interesadas; reseña de la reunión esta semana de los directivos de los distintos departamentos con el conseller Rosado y su equipo, manifestando que han conseguido un ahorro de 152 millones en los primeros seis meses de 2012, gracias a la colaboración del personal y medidas de ajuste. Este ahorro equivale casi al canon anual a pagar por el operador privado en la gestión compartida.  Otros temas de interés y que nos afectan o podrían afectar en un futuro serían: nuevo proyecto de contratación de médicos en Portugal, subcontratados en régimen de autónomos  a 4 euros la hora, que ha originado una huelga los días 11 y 12 de julio; cierre de camas en La Fe por el plan de vacaciones; contestación a las declaraciones de determinados presidentes de sociedades médicas preocupados por la feminización progresiva de sus especialidades, con soluciones en términos misóginos; multa multimillonaria a Glaxo y Abbott; incremento del paro médico y de las listas de espera quirúrgica; manifestaciones de nuestros compañeros de SIMAP de Castilla La Mancha cuestionando los recortes en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca; Valencia prolonga la atención sanitaria a los ‘sin papeles’, hecho importante y que puede corregir una situación de injusticia que había originado preocupación ética y deontológica para muchos compañeros; acciones de los llamados “iaoflautas” en la sede de la Conselleria de Sanitat; declarado desierto el concurso para cubrir el seguro de responsabilidad civil (aunque ya sabéis que seguimos protegidos por ley), en espera de negociar mejores condiciones por las aseguradoras. Llama la atención que el colegio de médicos se haya presentado con su aseguradora, con la excusa de que sería más barato: las conclusiones que uno deduce son otras, bien diferentes, y que aparecen en la mente de todos. Próximamente os informaremos de iniciativas en este campo colegial; la presentación del video de Fernando Colomo sobre los recortes en Sanidad; también, dos inefables noticias: una, en la inauguración de un consultorio auxiliar, el presidente Fabra acariciando a un niño siguiendo el manual del populismo y declaraciones de Rosado elogiando la gestión privada de la sanidad (recordad que es el sistema que prefiere y no lo implanta por el “problema político” de los 45000 estatutarios con plaza fija; por último, un artículo que comenta que el Tribunal Constitucional portugués ha declarado ilegal la supresión de la pagas extras en ese país, al tratarse de una medida discriminatoria: nos enseñan la ruta a seguir.

Hemos dejado fuera artículos sobre los nuevos recortes ya que, por su profusión, harían todavía más largo este resumen de prensa.

 Nueva Sanidad: Conseller, explíquese.

 Los empresarios que pujan por la gestión de la sanidad quieren el ´modelo Alzira´.

 La incógnita sobre el personal.

Sanidad insiste en que el sector privado controle las recetas.

 Rosado ha evaluado las medidas de ajuste con los directivos de los Departamentos de Salud.

Los médicos de Portugal quieren invalidar los salarios de 4 euros por hora.

Los médicos portugueses paralizan el sistema sanitario contra los recortes.

Valencia prolonga la atención sanitaria a los ‘sin papeles’

 La Fe cerrará el 25% de las camas este verano pese a la saturación del hospital.

 Feminización de la medicina

Será por dinero. La multa a Glaxo por vender fármacos de manera ilegal.

 El paro médico se dispara un 20% en el mes de mayo.

 

 Fabra: “Estamos en momentos complicados, por ello priorizamos lo fundamental, como la sanidad y la educación”.

 

Rosado: “Hay que aprovechar la agilidad y sinergias del sector empresarial para ponerlas al servicio del sector público”.

 

El spot ‘Tijeras’ denuncia los recortes efectuados en la Sanidad Pública.

 Los ´iaioflautas´ reaparecen en Valencia contra el copago.

 Simap cuestiona los criterios de los ajustes en el Hospital de Cuenca.

 

 Las aseguradoras dejan sin póliza a Sanidad para negociar un precio mejor

El Constitucional portugués declaró ilegal suprimir pagas extras a funcionarios

 

1.    Recortes del gobierno del estado.

 

 

 

 

Como naturalmente conoceréis, sigue sin descanso la política de recortes del gobierno central siguiendo las órdenes precisas de Europa y el FMI, situación que remeda, no solamente lo que ha ocurrido en Irlanda, Grecia o Portugal, sino realidades de décadas pasadas en Chile, Argentina, Uruguay, Polonia, Sudáfrica, etc., siguiendo los criterios de Milton Friedman y su venerable “escuela de Chicago” neoliberal. Las soluciones se buscan exprimiendo al ciudadano y al funcionario público, sin buscar ingresos entre los que nunca han colaborado fiscalmente en nuestro país ni siquiera plantearse alternativas de reactivación económica desde el fortalecimiento del sector público, menos endeudado que el privado. Ni siquiera han evaluado esta posibilidad para crear empleo y conseguir arrancar la economía. Y de paso, vender al mejor postor los servicios públicos, que permiten todavía posibilidad de negocio (cuando la industria, el ladrillo y la bolsa ya no ofrecen interés).

SIMAP se sumará a las concentraciones y manifestaciones programadas por la Mesa de la Función Pública, de las que tendréis información por las juntas de personal de vuestros centros y por los correos que os iremos mandando (hoy programadas concentraciones de 10 a 10. 30 en los centros de trabajo y el día 19 de julio manifestaciones en las capitales). Y seguirá con su estrategia y plan de trabajo de denuncia ante esta línea de recortes y reivindicación de nuestros derechos como trabajadores y como ciudadanos que se acordaron en la Asamblea General del SIMAP celebrada el pasado 28 de junio (información en www.simap.es).

 Ofrecemos el resumen de los próximos recortes (diario Expansión, por su claridad) y una serie de palabras claves finales. Pendiente de su confirmación y publicación en el BOE en los próximos días, tras su aprobación en Consejo de Ministros, os aportaremos toda la información más concreta.

Algunas palabras clave de los nuevos recortes:

–         Eliminación de la paga extra de Navidad (en realidad en una reducción adicional de un 7% del sueldo, sumada a los recortes previos en nuestra comunidad entre un 20 a un 30% del salario, medida no equitativa y por lo tanto anticonstitucional).

–         Suspensión de los días de libre disposición(nuevo incremento de jornada, seis a diez días más a sumar a los seis añadidos por la jornada de 37,5 horas).

–         Incremento de impuestos, reducción de prestaciones.

–          Eliminación del número de concejales(y Fabra también propone de diputados): Esto lleva un peligro oculto aunque lo disfracen de medida de ahorro y es que si no cambia la ley electoral favorecerá el bipartidismo y eliminará la posibilidad de que los grupos minoritarios tengan representación y por lo tanto exista pluralidad.

–         Falta de debate con las fuerzas políticas y socialesen parlamento, mesas sectoriales, medios de comunicación, etc.

–         Pérdida de soberanía: ya no decidimos nada, decide Bruselas y el FMI, ¿Para qué necesitamos gobierno y parlamento?

–         Golpe de estado encubierto temporal (hasta las próximas elecciones): así puede definirse la toma de medidas drásticas contrarias a las descritas en el programa electoral que generó los votos.

–         Aplausos de diputados ante los recortes: cada uno que saque sus conclusiones.

–         Reducción de liberados sindicales.

 

Los diez recortazos de Rajoy

12.07.2012 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado diez importantes recortes que pretenden ajustar unos 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio.

Estas medidas llegan apenas un día después de que se filtraran las condiciones que Bruselas ha impuesto a España a cambio del rescate a la banca y el retraso de un año hasta 2014 para ajustar el déficit público por debajo del 3%.

1- Los funcionarios se quedan sin paga de Navidad
El presidente ha suspendido la segunda paga extraordinaria de los funcionarios. Concretamente, Rajoy ha dicho que en 2012 se suspende la extra de Navidad a empleados y altos cargos públicos.

“Y solicito que ese esfuerzo sea también compartido por quienes ostentamos el cargo de diputados y senadores”, ha añadido.

Rajoy ha dicho que esta medida se aplicará en la administración central, autonómica y local. Y sólo en el caso de los empleados públicos se compensará a partir de 2015 con un plan de pensiones.

De momento, no ha quedado muy claro si la supresión de la extra de Navidad se aplicará sólo en este ejercicio o si se podría acometer también en los próximos. Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas consultadas por Expansión.com no han querido despejar estas dudas y han remitido a las palabras del presidente y a esperar a conocer los detalles que se darán a conocer el viernes.

Además, se reducirá el número de días de libre disposición, se reducirá el número de liberales sindicales, se equiparará la incapacidad temporal a la del resto de trabajadores, se impulsará la movilidad de empleados públicos.

Rajoy ha tratado de justificar estas medidas explicando que el número de empleados públicos ha crecido con intensidad en los últimos años.

2- Fuerte subida del IVA
Rajoy ha anunciado una importante subida del IVA, que pasa en el tipo general del 18% actual al 21% y en el tipo reducido del 8% al 10%. Sin embargo, el tipo superreducido se mantiene en el 4%.

Esta subida se aprobará el viernes en el Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial del Estado el sábado o el lunes, según ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en los pasillos del Congreso.

Fuentes gubernamentales han precisado a Europa Press que una vez se publique en el BOE la subida del IVA, ésta entrará en vigor unos días o semanas después, para dar tiempo a las empresas a modificar los cálculos de su facturación. La agencia Reuters ha asegurado que no será hasta el 1 de agosto cuando se ponga en práctica esta medida. De momento, habrá que esperar por lo menos hasta la reunión del Consejo de Ministros del viernes para conocer los detalles.

En el ámbito fiscal, también se ha anunciado nuevas tasas para el medio ambiente que busca impulsar el principio de “quien contamina paga”.

También se contempla una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

3- Supresión de la deducción por vivienda
Además, el presidente ha comunicado que se suprime la deducción por la compra de vivienda habitual a partir de 2013.

4- Reducción de empresas públicas y privatizaciones
Rajoy también ha puesto sobre la mesa una nueva reducción de las empresas públicas. Asimismo “se llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario”, ha comentado Rajoy.

5- Recorte de las cotizaciones sociales
Por otra parte, Rajoy ha dicho que bajará las cotizaciones un punto en 2013 y otro adicional en 2014.

Al mismo tiempo, el presidente ha asegurado que tiene “la intención de llevar al Pacto de Toledo un proyecto de ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada; tal y como establece en su recomendación de la Unión Europea”.

6- Reducción de la prestación por paro
El Gobierno ha decidido recortar la prestación por desempleo para los nuevos receptores, que a partir de los seis meses pasarán a cobrar el 50% de la base reguladora en lugar del 60% que estaba establecido. Eso sí, se mantiene la duración de la prestación en 24 meses y en los seis primeros meses se seguirá cobrando el 60% de la base regulador (en un principio se había apuntado que estas condiciones también podrían sufrir cambios).

7- Elimina bonificaciones a la contratación
El Ejecutivo también ha apostado por la supresión de un gran número de las bonificaciones a la contratación, excepto las que se aplican a discapacitados y emprendedores.

8- Sólo quien haya trabajado puede cobrar la ayuda de 400 euros
Otro de los recortes que ha anunciado Rajoy tiene por objeto limitar el colectivo con derecho a cobrar la ayuda de 400 euros para los parados que no tienen otra prestación. Así a partir de ahora, sólo podrán cobrar la Renta Mínima de Reinserción aquellas personas que hayan trabajado previamente. De esta forma, quedan fuera los parados sin empleo anterior aunque vivan en una situación vulnerable.

9- Reducción de un 30% de los concejales
La primera reforma que ha querido exponer el presidente del Gobierno es la de las Administraciones Públicas. En este sentido, en el ámbito local ha anunciado la homogeneización de retribuciones de alcaldes y concejales en función de las características del municipio, la reducción de un 30% del número de concejales y el recorte e incluso eliminación de las empresas públicas en el ámbito local.

10- Ministerios recorte de 600 millones
El presidente ha anunciado que se va a recortar el presupuesto de los ministerios en 600 millones de euros. Además, para los Presupuestos Generales de 2013 se acometerá un recorte del 20% de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

2.   Declaraciones del Conseller de Sanitat en el Foro Sanitario Alzira.

 Ha tenido poca repercusión en los diarios (a nivel de prensa regional sólo Levante-EMV en una breve reseña descriptiva) unas afirmaciones del Conseller de Sanitat, Sr Rosado Bretón, que a nuestro parecer son muy graves y demuestran la irresponsabilidad de los que nos gobiernan (una prueba más). Tranquilamente, el Honorable Conseller de Sanitat confiesa que sabían con exactitud que su forma de gestionar cada año los presupuestos para sanidad no era viable, por su déficit constante que les obliga a pedir un crédito tras otro, pero que no hicieron nada para cambiar este rumbo para no perder votos.

Añadimos primero el artículo, y a continuación una carta al director que ha enviado el SIMAP a diversos medios para expresar nuestra indignación ante sus comentarios y nuestro estupor ante la falta de una respuesta crítica tanto en la prensa escrita como en los partidos políticos de la oposición.

                                                                                                                         

Rosado: ´Gastamos demasiado para no perder las elecciones´

El conseller de Sanidad admite que sabía que el sistema era insostenible, pero lo compensaba con créditos

CARLOS ALÓS ALZIRA
Durante años, la Administración gastó más de lo que recaudó, se dejó embaucar por el crédito fácil y creó tal bola de nieve de deuda y déficit que ahora no tiene más remedio que recurrir a los recortes para evitar el hundimiento del sistema. Esa sensación, ya generalizada entre el ciudadano de a pie, la comparten también los actuales responsables del Gobierno valenciano.
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, admitió ayer en Alzira que sabían desde hacía años que era insostenible mantener el nivel de gasto y cerrar año tras año el ejercicio con más gastos que ingresos. “Los informes decían que no era viable mantener lo que gastábamos en Sanidad, pero todos los gobiernos decidieron que si hacían caso a esos informes no podrían ganar las elecciones y por eso se quedaron en un cajón“, señaló el titular de Sanidad.
“Ahora la palabra déficit no se aguanta pero hace unos años, sí porque lo compensábamos con créditos, que luego pagábamos con más créditos y generamos una Sanidad con un 30% más de gasto“, aseguró. Rosado, que lleva 30 años en la Administración, también lanzó que el modelo Alzira -es decir la gestión completa de la sanidad por parte de empresas privadas- es el camino a seguir y que si no lo ha implantado en toda la C. Valenciana es por los 45.000 profesionales de la sanidad “que tienen un vínculo con la Administración por oposición y eso generaría un problema político”.

“Tardamos meses en reaccionar”
Al mismo tiempo, admitió que es necesario “mejorar la competitividad como hace la empresa privada. Nosotros detectamos que existen pérdidas en un sitio determinado y tardamos meses en reaccionar, tenemos que imitar a la empresa privada. Los hospitales de gestión privada compran más barato que los públicos y eso no puede ser”, añadió.

 

Nota de prensa del SIMAP enviado a los medios:

¿Por qué nadie dice nada?

Ante las afirmaciones recogidas por la prensa del Sr. Rosado, Conseller de Sanitat del Govern Valenciá, durante una conferencia en el marco del Foro Sanitario Alzira, uno se queda estupefacto.

Ha sido capaz de confesar públicamente que los gobernantes de nuestra comunidad en los últimos diecisiete años conocían por informes que el gasto en sanidad no era viable por ser deficitario pero no hicieron caso a estos informes para no perder las elecciones.

Antes estas afirmaciones surgen múltiples preguntas que no puedo dejar de formular:

¿Cómo puede ser que estas declaraciones no tengan consecuencias en una sociedad civilizada y democrática?

¿Cómo es posible que en sanidad se haya actuado así con el visto bueno del gobierno y del parlamento?

¿Cómo puede ser que la justicia no haya iniciado diligencias de oficio ante las conclusiones que se pueden inferir de las palabras del Conseller?

¿En qué manos se encuentra el gobierno del pueblo valenciano?

¿Es lícito establecer actuaciones con importante repercusión en la vida de los ciudadanos cuando no estaban especificadas en un programa electoral? ¿No resulta una perversión de la democracia?

¿Cómo es posible que no se haya publicado ningún comentario crítico ante esta falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos?

¿Por qué nadie dice nada?

 

 

 

3.    Revista de prensa.

 

 

Nueva Sanidad: Conseller, explíquese

Gregorio Martín

Ha sido una semana densa, casi dramática, con demasiados muchos polos de preocupación colectiva: el incendio de Cortes de Pallás, la certificación de la desaparición de Bancaja, las decisiones sobre el gasto farmacéutico, la deuda española y su tratamiento en la cumbre europea… No obstante, más allá de la intensidad de estos temas, hay que volver sobre el proyecto de gestión público-privada, un tema generado desde la Generalitat Valenciana (GV) con el conseller Luis Rosado como principal impulsor. Para bien o para mal, es la GV quien ha planteado un nuevo sistema de gestión de la sanidad pública y esto es muy trascendente para todos los valencianos, en particular en estos momentos de quiebra financiera de las arcas autonómicas.
Desgraciadamente no es el momento de apelar a fundamentalismos sobre lo público y lo privado. Incluso, con independencia de la ideología de cada uno, hay que entender la dificultad que conlleva tratar de ensamblar un sistema de sanidad pública cuando los presupuestos de la GV están exhaustos. Respetemos los esfuerzos intelectuales del doctor Rosado y sus asesores para buscar soluciones. Dicho lo anterior, el tema que nos ocupa no exime de la necesidad de conocer con un cierto detalle lo que está preparando la conselleria, en otras palabras, de saber qué va a cambiar realmente respecto hasta lo que hasta ahora hemos conocido en materia de sanidad y de poder entender la solidez de estas propuestas.
Estos nuevos planes han mostrado unas debilidades muy preocupantes que apuntan una falta de solvencia de una propuesta que parece basarse solamente en la mayoría absoluta en la que se asienta el gobierno de Alberto Fabra. Pidiendo disculpas por la reiteración del «estamos hablando de la forma cómo enfermaremos y moriremos los valencianos», el tema que nos ocupa ni puede gestarse a la espalda de los grupos de la oposición, ni dejar de ser objeto de una información y un debate cívico minimamente solvente.
Nadie duda ni discute las afirmaciones de Rosado sobre la factibilidad y urgencia para tomar medidas tales como la centralización de compras y recursos, la reducción de la variabilidad en la prescripción de medicamentos, la superación de la rigidez burocrática, la profesionalización de los mandos intermedios, etcétera. Sin embargo, aquí se está hablando de algo más radical. Creo recoger fielmente las palabras del jueves pasado del propio conseller: «No hay alternativa. Cambiar el modelo de la gestión sanitaria es incuestionable. El cambio es necesario; no hay otra posibilidad, todos debemos adaptarnos a este cambio y en todo caso saber que los cambios implican riesgo». Para entrar en el fondo de cuestión, quizás haya que insistir en que el político, además de meditar sus decisiones, debe explicarlas, razonarlas y hacerlas compatibles con el marco propio del Estado de Derecho. El temor reside en constatar que las cosas no perecen ir por este camino.
Con lo que hoy sabemos, desde la GV, mas allá de las generalidades expresadas, nadie parece haber explicado y razonado el proyecto emanado desde la conselleria, consistente en buscar una solución a la crisis de las finanzas sanitarias por la vía de una colaboración de nuevo cuño, al menos en España, entre lo público y lo privado. Algo perfectamente legítimo, aunque lleno de dudas razonables.
El debate no es fácil. Al tiempo que la solución tiene una urgencia inapelable, ello no se justifica dejando el proyecto en la sombra sin que la oposición parlamentaria y la ciudadanía hayan sido invitadas a discutirlo con una cierta información solvente. Incluso entendiendo la triple necesidad de satisfacer la actual falta de financiación, cumplir el déficit presupuestario y posibilitar la prestación de un servicio público de calidad, es imprescindible explicar las razones por las que ello lleva necesariamente a modelos de colaboración público-privada. En otras palabras, en explicar que estas relaciones residen en darle importancia a las posibilidades de negocio manteniendo la titularidad pública y, por tanto, en exigir el control y la supervisión de la gestión por parte de la GV, así como en realizar un adecuado reparto de riesgos para conseguir que el modelo sea financiable. Ningún documento ha sido puesto sobre la mesa, para justificar, ante los ciudadanos la madurez del proyecto que el conseller Rosado encabeza.
El temor a lo que pueda ocurrir se incrementa cuando la prensa informa de que muchas alarmas se han activado en la GV tras las numerosas dudas legales despertadas por el actual borrador de pliego que concreta este nuevo modelo sanitario, redactado por la conselleria. Hablamos de la importancia de establecer contratos flexibles que puedan adaptarse a los cambios sociales o económicos y en la importancia de mantener el liderazgo y el control de la Administración (no de lo privado) en la prestación del servicio sanitario. En pocas palabras, la Abogacía y la Intervención han mostrado su preocupación por lo que consideran una muy relevante falta de control, por parte de la Administración, sobre la gestión que las operadoras hagan de estos fondos públicos. No son temas menores.
Por si lo anterior fuera poco, recordar que este nuevo modelo de gestión forma parte del Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la GV que al ser aceptado por el Ministerio de Hacienda permitió que fuera posible el plan de pago a proveedores que esta culminando estos días. La GV dijo entonces que esta nueva gestión privada en la sanidad pública iba a ahorrar más de 260 millones de euros, además de los 180 millones anuales que se recaudarían con el canon a exigir a las empresas privadas por el uso de instalaciones sanitarias de propiedad pública, ya que muchos de los servicios externalizados tienen difícil enganche con el pago de un canon por la utilización de las instalaciones públicas.
Por otro lado, entra en el campo de lo increíble pensar que para ajustar las cuentas, la GV debería recaudar en 2012 los adelantos de los dos primeros años (360 millones correspondientes a 2013 y 2014). Produce algo más que desasosiego que estas cifras fueran aceptadas en Madrid escasas semanas antes que los servicios jurídicos de la GV pusieran estos serios reparos, tanto al pago del canon, como a que la GV recoja la advertencia de las propias empresas privadas de que necesitan tener acceso a la gestión de personal en el supuesto modelo compartido. Con la necesidad de liquidez el Consell quedaría en una situación más que delicada ante Madrid y Bruselas de no poder sacar adelante el proceso por el portazo de las empresas privadas.
El mensaje para Rosado, con el mayor de los respetos, es rogarle que: explique las consecuencias de lo que tiene entre manos, pida la colaboración de todos para afrontar la situación y que se asegúrese que nadie le equivoca. Esta tomando decisiones que nos afectan demasiado y las primeras reacciones que hemos vivido no han sido nada estimulantes.

Los empresarios que pujan por la gestión de la sanidad quieren el ´modelo Alzira´

El sistema público-privado que propone la conselleria está «lleno de agujeros negros», según las entidades que quieren hacerse con el control de los centros hospitalarios sin pagar un canon

PILAR G. DEL BURGO VALENCIALos empresarios que tantean optar al concurso del modelo público -privado de gestión sanitaria aseguran que el borrador que ha desarrollado la conselleria está plagado de incertidumbres y, como ellos mismos dicen, de «agujeros negros». No les gusta el planteamiento. No les convence el pago de un canon y afirman que el proyecto que quiere sacar adelante el conseller de Sanidad, Luis Rosado, «es una copia del que no ha funcionado en Reino Unido». Ni tampoco, y en menor escala, en Madrid.

Lo que a ellos les gustaría es extender, como una mancha de aceite sobre todo el mapa sanitario de la Comunitat Valenciana, el modelo Alzira de concesión administrativa para poder gestionar toda la asistencia sanitaria y el personal, que según indicaron los síndicos parlamentarios de la oposición «es donde se encuentra el verdadero botín del negocio».

El documento no pasó el primer filtro de la Abogacía del Estado que emitió un informe muy demoledor del proyecto que defiende a ultranza el conseller Rosado. Parece ser que los técnicos «trituraron» el pliego párrafo a párrafo. Demasiado cable suelto y demasiada indefinición de los mecanismos de control de la gestión privada de los fondos públicos.

El informe de evaluación previa, que es como se denomina el borrador al que ha tenido acceso Levante-EMV, ya deja claro la incapacidad de la Conselleria de Sanidad para definir «con exactitud» el alcance del objeto, de los servicios y medios técnicos necesarios para lograr los objetivos. De ahí que sea necesario establecer la fórmula del diálogo competitivo con los interesados para cortar el traje a medias.

Al conseller de Sanidad le complació escuchar el pasado jueves en Valencia los resultados que expuso el exministro de sanidad de Reino Unido Alan Milburn, para defender la validez del modelo que ahora intenta poner en marcha el político valenciano al afirmar el británico que la lista de espera, que era de 18 meses cuando llegó, quedó reducida a 18 semanas con las implantación de la nueva fórmula y que las bondades de la gestión compartida habían conseguido reducir las tasas de mortalidad coronaria y oncológica. Nada dijo de los avances farmacológicos y quirúrgicos en ambos campos.

El celo de la abogacía
Los cambios que sobrevendrán de la gran aventura del transformar el actual modelo sanitario al que tiene en mente el conseller son comparables a la vida en un nuevo mundo en el que prime el beneficio de la gestión de los servicios como síntesis del concepto. De ahí el celo exquisito de la Abogacía en ajustar el primer documento a la estricta legislación. Una vez más, la C. Valenciana se convertirá en la cobaya de un experimento de gestión en el que la vida y muerte juegan con el mismo mazo de cartas.

El nuevo matrimonio público-privado de gestión tiene un precedente cercano que fue cuando las grandes empresas privadas del radiodiagnóstico se hicieron con la exclusividad de la prestación en la red pública. El resultado fue la fagocitación y fragmentación de los históricos servicios y la desaparición de la enseñanza de las últimas técnicas a los médicos internos residentes (MIR). El concurso permitió que los precios se dislocaran y la frecuentación de exploraciones —el triple de la media nacional— se disparó como en ninguna otra autonomía. La Administración y todos los políticos del PP que se han sentado en el sillón de conseller en los últimos catorce años no hicieron nada para cortar la sangría económica que habían vaticinado los radiólogos.

La privatización de las exploraciones de resonancia magnética ha dejado en los últimos años a las empresas adjudicatarias pingües beneficios que salen de las arcas públicas.

En este viaje de transformación sideral de la sanidad que ha emprendido el actual responsable sanitario para que el sistema se desprenda de los hábitos caducos e incorpore una gestión más flexible van a convivir dos conceptos antagónicos: las empresas que legítimamente quieren obtener beneficios y el cuidado de la salud sin límite de medios. Los sindicatos de la mesa sectorial que, al igual que ocurrió en Reino Unido, se han opuesto abiertamente a este salto al vacío hacia un lugar desconocido hasta la fecha aseveran que no se puede dar más por menos.
En la exposición de argumentos que recoge el borrador, la conselleria destaca la gran disparidad con la que cada departamento gestiona los servicios, con una multitud de proveedores diferentes para cada una de las áreas, «lo que dificulta la gestión y merma la eficiencia».

Esto mismo que ahora echa por tierra el documento fue un logro en defensa de la gestión autonómica de cada departamento que introdujo uno de los conselleres del pasado (Vicente Rambla), pero entonces no se podía prever que aquella decisión daría lugar a contratos muy heterogéneos y poco eficaces para cada uno de los servicios que salían a concurso.

Ahora lo que preconiza el nuevo modelo es lo contrario: concentrar la contratación de la gestión y la prestación conjunta de determinados servicios sanitarios para los departamentos como se hacía antes pero en vez de estar en manos de la Administración, entregárselo a una unidad temporal de empresas (UTE: «Buscando con ello un esfuerzo de la mejora de la eficiencia, con la repercusión que se traduce en ahorros cuantificables para la Generalitat», recoge ahora el borrador.

Reducción del gasto de un 10 %
La Administración cuantifica una reducción del gasto de un 10 % para los servicios no sanitarios y de un 15 % para los sanitarios concertados y no concertados. El nuevo contrato de colaboración público privado tendrá dos patas. Por una parte, el control de la gestión de la logística y los suministros, y de otra, la prestación de servicios sanitarios concertados y no concertados.

En la estrategia de captación de empresas, la conselleria agrupará los 18 departamentos que gestiona ahora mismo la Administración —hay otros cinco bajo el «modelo Alzira»— en varios lotes para darles «un atractivo homogéneo para los potenciales colaboradores privados». Es decir para que las empresas que concurran a los diferentes lotes obtengan unos beneficios similares, aunque los dos primeros años serán de pérdidas.

La apuesta del conseller Rosado
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, se juega la continuidad de su cargo a cara o cruz con el nuevo modelo de colaboración público privada de gestión sanitaria. Al intensivista se le nota el cansancio y el desgaste que arrastra en esta difícil época de Gobierno pero si el pliego de condiciones inicial no se modifica puede que se encuentre con la sorpresa de que ninguna empresa esté interesada en embarcarse en un proyecto que establece un canon de 780 millones por la explotación de los servicios durante cuatro años (los 360 millones de dos primeros año se pagan al inicio y además dentro de los primeros quince días de la adjudicación.
Los empresarios sostienen que el modelo de Rosado tampoco cuenta con el respaldo de la Conselleria de Hacienda que, al igual que ellos, era más partidaria de extender el modelo Alzira, que tiene una cápita de 630 euros por habitante y año. p. g. b. valencia

 

La incógnita sobre el personal

El 30 % del ahorro que se logre en la gestión de las recetas de farmacia será para las operadoras

P. G. B. VALENCIAA lo largo de los quince o veinte años de duración del contrato, las operadoras privadas se responsabilizarán de la prestación de los servicios contratados —logística, sanitarios concertados y no concertados—tanto en los centros que ya existen como en los de nueva creación que se construyan durante la vigencia del contrato.

El borrador también indica que las inversiones de infraestructura, tecnología y equipamiento sanitario y no sanitario, entendidas como inversiones nuevas o grandes reposiciones de equipamiento, no se contemplan dentro del perímetro del contrato. Sin embargo, la cláusula no cierra la puerta a que el gestor privado pueda reformar los centros para mejorar la explotación de los servicios.

Jornada de trabajo y permisos
Aunque la conselleria es contundente en afirmar que la gestión del personal no se cederá a las operadoras, sí precisa que los empleados que trabajen en los servicios gestionados por estas empresas (sanitarios concertados y no) dependerán funcionalmente de las operadoras en lo relativo a organización, métodos y desarrollo del trabajo y objetivos a cumplir.

El pliego recoge que los empleados serán intocables en los aspectos referidos a movilidad, retribuciones, jornada de trabajo, permisos, licencias y pérdida de la condición de personal estatutario. El documento, sin embargo, abre la posibilidad a que los empleados interesados pueden solicitar su traslado a la empresa.

Un 30 % del ahorro que se consiga en la prescripción de las recetas de farmacia de los centros de salud, hospitales y centros socio sanitarios serán para los operadores. Elmismo porcentaje que ya se aplica en los departamentos gestionados bajo el «modelo Alzira»: Dénia, Ribera, Torrevieja, Manises y Orihuela.

El mayor esc0llo y lo que podría dejar el concurso desierto es el abono del canon, que las empresas no entienden si a cambio no se les cede la explotación de las infraestructuras sanitarias para hacerse cargo también de la asistencia al paciente, según informaron a Levante-EMV fuentes próximas al sector.

La actitud renuente de los empresarios a entrar al quite de la oferta realizada por el conseller y el tropezón en la Abogacía de la Generalitat ha retrasado el proceso que ya debería de estar en la fase de «diálogo competitivo», y todavía está en el trámite de enmendar el texto legal.

Sanidad insiste en que el sector privado controle las recetas

A la empresa privada corresponderá el control de la prescripción farmacéutica ambulatoria

Jaime Prats Valencia 4 JUL 2012 – 22:04 CET

Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo modelo privatizador que quiere introducir la Generalitat en la sanidad pública valenciana a partir del mes de enero de 2013 consiste en ceder el control de los fármacos que prescriben sus propios médicos a empresas. Este aspecto ya figuraba en el borrador del pliego de condiciones del modelo que diseñó la Consejería de Sanidad y que publicó este diario a mitad de junio. Y sigue en el documento definitivo al que ha accedido EL PAÍS.

Las intenciones de Sanidad consisten en dividir en lotes (en principio seis) los 18 departamentos de salud que dependen de la Generalitat y ceder al sector privado la gestión de los servicios ya externalizados. Sin embargo, también se prevé ceder a estos operadores el control de algunas cuestiones que, hasta el momento, estaba en manos públicas. Un ejemplo de ello es la supervisión de lo que recetan los facultativos.

En manos de la empresa

De esta forma, entre los servicios que se entregarán al control de las adjudicatarias se encuentra la prestación farmacéutica (y dietoterápica) a través de receta médica. El documento final de Sanidad establece que a la empresa privada corresponderá “el control, para la mejora de la gestión, de la prescripción farmacéutica ambulatoria realizada en los centros de atención primaria y especializada”. Para ello intervendrá en “la elaboración de protocolos de uso de medicamentos, particularmente en relación con los de mayor impacto económico”, en la “formación de los médicos”, o en “el seguimiento de la prescripción por médico y patología”.

En otras parcelas, las empresas privadas tendrán aún más peso y no se limitarán al control, sino a la gestión y la prestación directa de los servicios sanitarios. Por ejemplo, en todo lo relacionado con la compra, almacenamiento y distribución de las prótesis que se implantan quirúrgicamente; la adquisición, gestión y provisión del material sanitario o los servicios sanitarios que ya están concertados (oxigenoterapia, transporte sanitario, diagnóstico con resonancia magnética o hemodiálisis).

A ello se suman todos los servicios no sanitarios ya externalizados (limpieza, mantenimiento, seguridad, lavandería, archivos, residuos o esterilización). En esta categoría de gestión y prestación privada se encontraba, en un primer momento, también la farmacia hospitalaria, pero Sanidad la ha excluido del documento final

 

 

 

GARCÍA REBOLL HA DETALLADO LAS PARTIDAS

Rosado ha evaluado las medidas de ajuste con los directivos de los Departamentos de Salud

Hasta el momento se han alcanzado un ahorro de 152 millones de euros

Actualizado el Jueves, 12 de julio de 2012, a las 11:25

Redacción. Valencia
El consejero de Sanidad, Luis Rosado, ha reunido en una jornada de trabajo a todos los equipos directivos de los Departamentos de Salud, para evaluar y realizar un seguimiento de los resultados de las medidas de ajuste emprendidas este año.

“Hasta el mes de mayo, ha anunciado, hemos alcanzado un ahorro de 152 millones de euros, gracias a la implicación de nuestro personal en la aplicación de unas medidas que son racionales, necesarias y en muchos casos ejemplares”.

Junto al consejero, la secretaria autonómica Nela García ha hecho un balance de las principales medidas desarrolladas en el ámbito asistencial. García Reboll ha explicado que la aplicación de la tasa por acreditación de centro sanitario y por duplicado de tarjeta SIP ha conseguido un ahorro de 367.950 euros; la realización de intervenciones de cataratas en los hospitales públicos ha permitido ahorrar más de 4 millones de euros, y la revisión de los precios de los conciertos cerca de 10 millones de euros.

Otros ahorros se han puesta en marcha con el cobro de atenciones a pacientes extranjeros que no documentan su cobertura sanitaria o tienen seguro privado (concretamente 953.000 euros), o la unificación de menús, con más de 303.000 euros.

El consejero ha recalcado que estas y otras medidas de contención del gasto se están llevando a cabo sin menoscabar la calidad de la asistencia, “sólo aplicando eficiencia y eficacia en aquellos aspectos susceptibles de mejora, o eliminando gastos de actividades que no contribuían a la mejora de los pacientes”.

Modelo de gestión compartida

Durante el encuentro, Rosado ha aprovechado este foro para explicar el nuevo modelo sanitario de gestión compartida, “adoptado para que la sanidad mantenga su carácter público, gratuito y universal, además de sostenible”. El consejero ha alabado la capacidad de adaptación de los directivos sanitarios en un contexto de crisis económica “en el que los gestores tenemos la responsabilidad y obligación de garantizar un sistema sostenible, para lo cual necesitamos toda la colaboración posible”. Es en este punto en el que “el sector privado puede aportar mucho, sobre todo en agilidad, innovación y control del gasto”.

 

PORTUGAL SANIDAD

Los médicos de Portugal quieren invalidar los salarios de 4 euros por hora

EFE Economía Lisboa 6 JUL 2012 – 18:56 CET2

Imagen de una intervención en un quirófano. EFE/Archivo / EFE

Las principales organizaciones laborales de los galenos, la Federación Nacional de Médicos (FNAM) y el Sindicato Independiente de Médicos (SIM), piden al Proveedor de Justicia (defensor del pueblo luso) que intervenga ante las irregularidades que ven en la subcontratación de los servicios del sistema público de salud.

Los profesionales de la sanidad lusa, incluidos también enfermeros y especialistas, han realizado esta semana varias protestas contra los bajos salarios y la degradación sanitaria, de la que culpan a las medidas anticrisis y las adjudicaciones de servicios hospitalarios a compañías privadas.

Los médicos lusos han convocado una huelga nacional para los próximos miércoles y jueves en contra de las condiciones salariales y los recortes de gastos en el Sistema Nacional de Salud, que consideran una amenaza para el ejercicio de su profesión y los derechos de los pacientes.

En la queja presentada hoy consideran no válidos los concursos públicos de los llamados “servicios compartidos” del Ministerio de Salud con empresas concesionarias que violan normas administrativas, según los sindicatos, y no tienen en cuenta a las asociaciones de usuarios y profesionales sanitarios.

Tanto los médicos como los enfermeros denuncian que las empresas adjudicatarias retribuyen a los profesionales del sector con tarifas horarias inaceptables y en régimen de servicios autónomos “a la pieza”.

Los enfermeros organizaron esta semana varias protestas y se manifestaron ante el Ministerio de Salud, mientras otros gremios de la sanidad, como los especialistas en nutrición, expresaron también su inquietud por la baja remuneración que se les ofrece en las contrataciones abiertas por varios centros hospitalarios de Lisboa.

“Se pone en cuestión la dignidad profesional y personal” de los especialistas, lamentó en un comunicado su colegio profesional, al denunciar sueldos de 3,96 euros por hora y jornadas parciales al servicio de empresas subcontratadas por los hospitales públicos.

Los sindicatos sanitarios califican esas condiciones de “robo” y acusan al Gobierno de poner en peligro el sistema sanitario público, la investigación médica y el futuro de los profesionales del sector.

El ministro portugués de Salud, Paulo Macedo, reconoció el jueves que esa baja remuneración “no es razonable” y hoy expresó su voluntad de dialogar con las organizaciones de los médicos para evitar la huelga de la próxima semana.

Pero la protesta fue ratificada hoy por los dirigentes sindicales, que en declaraciones a medios lusos se mostraron decididos a mantener su presión al Gobierno.

Los casos de pagos de menos de 4 euros por hora se han producido en los últimos concursos realizados por la administración regional de Lisboa, que reconoce haber adjudicado servicios a 4,53 euros tras hacer una oferta inicial de 7,11 euros, precio este último que considera el promedio del mercado.

El Ministerio de Sanidad luso ordenó una inspección de esas adjudicaciones, aunque recordó que los concursos deben otorgarse por ley a las compañías que ofrecen menor precio.

Los ahorros que Portugal se ha visto obligado a hacer en la sanidad son parte del programa de reformas y recortes del sector público aplicado en el último año para cumplir las condiciones del rescate financiero que recibió el año pasado.

Los médicos portugueses paralizan el sistema sanitario contra los recortes

Los huelguistas dicen querer defender el sistema de salud pública

Los hospitales y centros de salud portugueses funcionan a base de servicios mínimos

Médicos portugueses en huelga hoy en el hospital de San José de Lisboa / PATRICIA DE MELO MOREIRA (AFP)

Los médicos portugueses, convencidos de que el Gobierno portugués del conservador Pedro Passos Coelho está “desmantelando el sistema público de salud” han decidido ir a la huelga hoy y mañana. Así, los hospitales, sanatorios y centros de salud portugueses funcionan este miércoles (y presumiblemente el jueves), a medio gas, a base de servicios mínimos, con la intensidad de un domingo o un día de fiesta. En el hospital de San José de Lisboa, en la capital, por ejemplo, de 35 médicos con consultas, sólo fueron a trabajar cuatro, según la cadena pública de televisión RTP. Y los huelguistas aseguraron que el jueves será lo mismo. Están garantizadas, con todo, los servicios de quimioterapia, las urgencias y la atención de enfermos hospitalizados, entre otros.

El detonante de la protesta es la intención del ministro de Salud, Paulo Macedo, de introducir un nuevo tipo de contrato para los nuevos médicos, en los que estos se emplearán por horas, subcontratados por medio de una empresa intermediaria. Luís Januário, director de los servicios de Urgencia del hospital pediátrico de Coimbra, denunció hoy en el diario Público que este sistema de contratación le recuerda al de los jornaleros que aguardaban por la mañana temprano en las plazas de algunos pueblos a que los capataces les emplearan por esa jornada. Por eso se sumará a la huelga. Célia Iglésias, pediatra, tiene otra razón para sumarse al paro: el cierre de la maternidad Alfredo da Costa, la mayor del país.

Los profesionales de la sanidad portuguesa protestan también por las nuevas tablas salariales, por los horarios de trabajo y para exigir que haya plazas formativas en los hospitales. Pero, según explican, van a la huelga, en conjunto, para defender el sistema portugués de salud pública y la atención a los pacientes, cada vez más restrictiva debido a los recortes, según denuncian. En Portugal, desde enero, acudir a una consulta de urgencias cuesta 20 euros, entre otros ejemplos de recortes y ajustes.

El secretario general del Sindicato Independiente de Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, se ha mostrado esta mañana “satisfecho” con el desarrollo de la huelga. Según él, los usuarios han preferido dejar las consultas y acudir al centro de salud “dentro de dos días, conscientes de que esta huelga es una huelga que también les afecta, porque lucha también por sus intereses”.

En los últimos días, el ministro de Salud, que apunta que la huelga anulará más de 400.000 consultas y más de 4.000 operaciones quirúrgicas, ha intentado acercarse a los dirigentes sindicales para evitar el paro. Los líderes sindicales médicos le han emplazado para después del paro, esto es, el viernes.

La huelga de los médicos portugueses se produce una semana después de que se hiciera público que alrededor de 60 enfermeros portugueses de Lisboa y regiones cercanas, subcontratados en hospitales públicos por empresas intermediarias, van a cobrar cuatro euros a la hora, un salario que muchos de ellos rechazaron “por dignidad”.

 

Valencia prolonga la atención sanitaria a los ‘sin papeles’

La Generalitat esquiva la decisión del Gobierno de restringir la asistencia desde septiembre

Una tarjeta temporal garantizará todas las prestaciones

Jaime Prats Valencia 10 JUL 2012 – 22:28 CET21

La Generalitat valenciana ha encontrado una fórmula para seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular. Distribuirá una tarjeta sanitaria nueva “con carácter excepcional y transitorio”, como describe un documento que se ha repartido en los centros de salud y hospitales, para garantizar la cobertura a los extranjeros sin papeles.

Entre los recortes aprobados por el Ministerio de Sanidad en abril, además del nuevo copago o del medicamentazo, se contempla restringir la atención a los extranjeros sin papeles. Todos aquellos sin residencia legal en España —unos 150.000; 30.000 en la Comunidad Valenciana— perderán el derecho a tener tarjeta sanitaria a partir de septiembre. Solo tendrán atención de urgencia, la asistencia al embarazo, al parto y los cuidados pediátricos.

Autonomías como Cataluña, el País Vasco y Andalucía han hecho pública su oposición a esta decisión en repetidas ocasiones y han anunciado su intención de incumplirla. La Generalitat catalana fue de las primeras en anunciar que se regaba a dejar a los inmigrantes en situación irregular sin acceso a la sanidad pública. “En Cataluña garantizaremos la salud pública y la atención primaria a todos los inmigrantes, es ineludible”, explicó en mayo la secretaria del departamento de Salud, Roser Fernández. También la entonces consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, indicó que nadie con un problema de salud se quedaría sin asistencia.

En el caso de la Comunidad Valenciana —gobernada por el PP, a diferencia de las anteriores—, fuentes de la Consejería de Sanidad sostienen que las medidas adoptadas para seguir atendiendo a los extranjeros en situación irregular no contravienen las directrices del Gobierno, ya que se trata de un recurso temporal amparado en la normativa autonómica.

Lo mismo considera un portavoz del Ministerio de Sanidad, que indica que las comunidades autónomas pueden establecer fórmulas para atender a los sin papeles. “Si tienen recursos para hacerlo, es cosa suya”, añade.

Los inmigrantes sin permiso de residencia ya no podrán acceder a la tarjeta sanitaria que tenían hasta ahora. Pero a medida que vayan caducando estos documentos, la Generalitat les concederá otro distinto. El Gobierno valenciano ha creado para ellos una nueva modalidad de aseguramiento, una tarjeta denominada SCS3 Personas sin recursos-CV, que se concederá “hasta que el real decreto [del ministerio] desarrolle la posibilidad de creación de convenios especiales en determinadas situaciones de necesidad”, según recoge el escrito distribuido entre los centros sanitarios.

Los “convenios especiales” a los que alude el documento hacen referencia a la solución planteada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, hace meses. Entonces indicó que la atención a los inmigrantes en situación irregular se prestaría a través de “convenios con ONG”. Añadió que aquellos infectados con VIH o enfermos de cáncer tendrían asistencia sanitaria cubierta “a través de acuerdos entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población”. De momento, no hay novedades respecto a esta solución, indican desde el ministerio.

Mientras tanto, la Administración valenciana ha establecido sus propios cauces para no dejar desatendidos a los extranjeros en situación irregular. Para ello, ha recurrido a una norma de ámbito autonómico, la Ley de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunidad Valenciana, vigente desde 2008, que permite esta acreditación transitoria “por causas de salud pública, situaciones de riesgo o exclusión social, o análogas circunstancias”.

Con ello se pretende seguir cubriendo las necesidades sociosanitarias —incluidos los fármacos— de estas personas “que no pueden acceder al reconocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social”. Para ser beneficiario de esta nueva tarjeta, la consejería exige estar empadronado. La asistencia solo es válida en el ámbito de la Comunidad Valenciana durante seis meses, aunque es renovable por otros seis.

Las nuevas directrices de la Generalitat (“Instrucciones provisionales en materia de aseguramiento tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012”) también contemplan medidas para combatir el denominado turismo sanitario.

 

 

Sindicato de enfermería

La Fe cerrará el 25% de las camas este verano pese a la saturación del hospital

Satse asegura que el centro tendrá inhabilitadas 240 plazas de nueve especialidades «por el plan de vacaciones»

05.07.12 – 13:11 –

EP | VALENCIA

El sindicato de enfermería Satse Valencia ha asegurado que el Hospital La Fe “cerrará durante los meses de verano 240 camas de nueve especialidades diferentes por el plan de vacaciones”. En este sentido, detalla que desde el pasado lunes, 1 de julio -fecha en la que se puso en marcha el plan- hay 175 camas cerradas, a las que se unirán, el 15 de julio, las 35 camas más del servicio de Oncología.

La entidad añade, en un comunicado, que estas 240 camas cerradas, de un total de 1.000 aproximadamente con las que cuenta el hospital, suponen el 25% de las que dispone el centro sanitario.

El sindicato matiza además que “los trabajadores de los Servicios cerrados que no se encuentran de vacaciones están reforzando otros Servicios del hospital que permanecen abiertos”.

En la misma línea, Satse señala que “el cierre de camas viene provocando, desde el pasado domingo, que los pacientes pendientes de ingreso deban esperar durante horas una cama vacía en planta, dado que los Servicios que permanecen abiertos no dan abasto ante la gran cantidad de enfermos que acuden al Hospital La Fe, centro de referencia de toda la Comunitat”.

Al respecto, detalla que “este jueves, a las diez de la mañana, 33 personas esperan una cama en planta; de ellas, 18 han sido instaladas en camas de la Sala de Observación y las 15 restantes han sido acomodadas en sillones de la Sala de Terapias cortas, ambas salas pertenecientes al Servicio de Urgencias”.

“Ayer miércoles -prosiguen-, la situación no era mucho mejor. Así, a la una del mediodía, había 24 enfermos en Urgencias pendientes de ingresar. De ellos, uno llevaba 58 horas (más de dos días) esperando una cama en planta, otro 47 horas, otro 37 horas y tres personas más, 27 horas”.

Satse Valencia exige a la Dirección del Hospital La Fe que “reabra las salas cerradas, dado que la alta ocupación del hospital impide que el cierre de camas programado en el plan de vacaciones 2012 pueda ser llevado a cabo. Asimismo, el Sindicato exige una solución a las largas esperas de los pacientes que no tienen cama en Urgencias”.

Comparativa con 2011

Según este sindicato, este año, la Dirección del Hospital La Fe ha cerrado 70 camas más que en 2011 -concretamente, un 33% más-, puesto que el pasado año se cerraron un total de 170 camas.

Sin embargo, aunque el número de camas cerradas aumenta respecto al año pasado, no así el presupuesto del plan de vacaciones, que disminuye un 20%, ya que en 2011 el presupuesto del Departamento. de Salud de Valencia -La Fe para el plan de vacaciones fue de 3.871.000 euros, mientras que en 2012 es de 3.101.935.

 

 

CARTAS AL DIRECTOR

Feminización de la medicina

Maite Paramio Nieto 9 JUL 2012 – 00:07 CET

Hace unos días recibí un artículo publicado en el Diario Médico, en el cual los presidentes de las asociaciones españolas médicas de Obstetricia y Ginecología, Pediatría y Endocrinología y Nutrición daban la señal de alarma sobre el exceso de feminización de sus especialidades que, nuestros presidentes presumían, harían bajar la calidad asistencial de sus servicios. Tan alto porcentaje de mujeres tomándose, en algunos casos varias doctoras a la vez, permisos por maternidad, lactancia, cuidado de los niños, vacaciones, etc. provocaría un caos. Para evitarlo el presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP), proponía literalmente: “exigir que en la cobertura de las plazas MIR se tenga en cuenta la feminización”. Se supone que abogaba por las cuotas para hombres en el MIR olvidándose de que la capacidad y la excelencia es lo que mueve este mundo. En términos parecidos se expresaban el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y el de la Asociación Española de Obstetricia y Ginecología. El artículo añade un cuadro donde se indica como de 47 especialidades médicas en 38 de ellas el porcentaje de mujeres es de 50% o mayor y que tomando el número total de personas ejerciendo especialidades médicas el 64.8% son mujeres. Parece que la crisis económica unida a la feminización de la medicina va a ser una situación difícil de soportar para nuestros presidentes. Lo malo para ellos es que no pueden hacer nada legalmente. Sus doctoras fueron las jóvenes que sacaron la mejor nota para entrar en medicina, las jóvenes que sacaron la mejor nota para hacer el MIR y las más calificadas después para tener una plaza en el hospital. Nadie las eligió en votación secreta ni tan siquiera las nombraron desde las alturas de la medicina. Están donde están por méritos propios y objetivables, cosa que no todo el mundo puede decir.— Maite Paramio Nieto. Presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) de Cataluña.

 

 

ANÁLISIS

Será por dinero

La multa a Glaxo por vender fármacos de manera ilegal apenas supone el 11% de las ganancias obtenidas con esas prácticas

Javier Sampedro 4 JUL 2012 – 02:39 CET1

Los 3.000 millones de dólares (2.400 millones de euros) que va a pagar Glaxo por sus abusos ilegales en la promoción de sus fármacos pueden parecer un golpe brutal para la multinacional farmacéutica, pero antes de ponerse a llorar hay que hacer un par de cuentas. Durante los años en que sus medicinas ahora caídas en desgracia estuvieron a la venta, Glaxo ingresó 17.543 millones de euros por sus ventas. De modo que la multa por vender fármacos de manera ilegal apenas supone el 11% de las ganancias obtenidas con esas prácticas. Con esos números, cualquier junta de accionistas aprobaría hacer lo mismo la próxima vez.

Más alentadoras resultan las disculpas y penitencias ofrecidas por la actual dirección de Glaxo, que ha hecho un esfuerzo manifiesto por distanciarse de sus predecesores, que fueron los responsables de las malas prácticas que ahora se juzgan. Si cumplen su palabra, esa será sin duda la mejor noticia que habría salido de este escándalo. Porque lo que está en juego aquí no es el monto de una compensación económica, sino los mismos principios que hacen avanzar la medicina.

Manipular la información científica, ocultar los resultados adversos a la autoridad sanitaria y amañar los ensayos clínicos para servir a los intereses económicos de la empresa puede ser tolerable para los códigos de conducta mercantil a los que están habituados los ejecutivos de la Big Pharma. Pero la comunidad científica no puede admitir ese cáncer en sus engranajes más fundamentales. Los ensayos clínicos son la joya de la corona de la investigación biomédica. Su valor depende vitalmente de su independencia de todo sesgo, y de que sus datos se presenten en las publicaciones médicas de una manera honesta y, si no ejemplar, al menos compatible con la decencia científica. O con la decencia sin más. La medicina es mucho más importante que los ingresos de los ejecutivos, y no debe consentir jamás estos desmanes. Eso también va por los médicos que cambian recetas por viajes al Caribe. Deberían dejar de hacerlo.

También quienes denunciaron las malas prácticas de Glaxo lo hicieron por dinero. La ley norteamericana del soplón (whistlerblower) permite captar a los arrepentidos que estén dispuestos a cantar contra sus empresas a cambio de una participación en las indemnizaciones que salgan del caso. Parece un mejor incentivo que apelar a la ética de esas fuentes, y está funcionando muy bien.

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA.

 

 

AFECTA SOBRE TODO AL PROFESIONAL JOVEN

El paro médico se dispara un 20% en el mes de mayo

AFECTA SOBRE TODO AL PROFESIONAL JOVEN

Un total de 444 médicos se quedaron sin empleo en el mes de mayo. Enfermería suma 131 parados y farmacia resta 46

Lunes, 02 de julio de 2012, a las 17:14

 

Javier Leo. Madrid
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha hecho públicos los datos de desempleo en el sector público entre los titulados de Ciencias de la Salud durante el mes de mayo. Del informe se desprende un significativo aumento en el número de Licenciados en Medicina en paro: 2.458 en mayo, 444 más (casi un 20%) que los registrados en el mes de abril. Se trata, sin duda, de la mayor subida registrada en los últimos seis meses y acelera la tendencia ascendente del número de parados entre la profesión médica, que se agrava si se tiene en cuenta el número de facultativos demandantes de empleo, 4.204 en mayo, 763 más que el mes anterior.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Infografía: Redacción Médica.

En números globales, desde la entrada del nuevo Gobierno casi se ha duplicado el número de médicos en paro: 1.163 facultativos han perdido su empleo desde el mes de diciembre, con cinco meses de crecimiento consecutivos (enero, 328; febrero, 187; marzo, 119; abril, 85; y mayo, 444). Por edades, el sector más castigado es el de los médicos más jóvenes (entre 25 y 29 años) que han visto como de abril a mayo ha crecido el desempleo un 171 por ciento, hasta los 374 parados. Le siguen en crecimiento los de edades comprendidas entre los 30 y los 39, con una subida en dicho mes del 23,7 por ciento, hasta alcanzar los 856 desempleados. La mayor cifra de parados la acumulan los mayores de 44 años, una franja que tan solo sube un 6,4 por ciento en mayo, pero que representa ya a 906 médicos sin trabajo.

Respecto al resto de profesionales sanitarios, Enfermería, el sector más numeroso, ha registrado este mes 131 diplomados más en paro, hasta los 16.735. Los enfermeros demandantes de empleo se mantienen y pasan de 22.631 a 22.625 (6 menos). El pasado mes de abril Enfermería redujo en 59 diplomados su bolsa de parados y en 435 la de demandantes de empleo. La Farmacia, por el contrario, consigue por segundo mes seguido reducir su número de parados, 46 menos, hasta los 3.010. Igual pasa con los boticarios demandantes de empleo, 3.831 en mayo, 15 menos que en abril.

 

 

 

 

 

INAUGURA UN CONSULTORIO AUXILIAR

 

Fabra: “Estamos en momentos complicados, por ello priorizamos lo fundamental, como la sanidad y la educación”

El presidente agradece el esfuerzo de los profesionales sanitarios

Actualizado el Domingo, 08 de julio de 2012, a las 14:06

Redacción. Valencia
El presidente del Ejecutivo valenciano, Alberto Fabra, ha destacado el esfuerzo que ha realizado el Gobierno valenciano para “mantener el alto nivel alcanzado en la asistencia sanitaria y para que los municipios puedan tener todos los servicios necesarios y de calidad que permiten ser atendido en las mejores condiciones”.

Alberto Fabra ha realizado estas declaraciones durante su visita a las nuevas instalaciones del consultorio auxiliar de Bolbaite (Valencia) donde ha destacado que el nuevo edificio hace que la población cuente con un centro más cercano y moderno, adaptado a las necesidades de los ciudadanos. “Estamos en momentos complicados y por ello desde la Generalitat estamos priorizando lo que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de los municipios, como es la sanidad y la educación”, ha subrayado el ‘presidente’.

También se ha referido a todas las personas que trabajan por “una asistencia sanitaria de calidad y para todas las personas, en todos los municipios de la Comunidad Valenciana” y ha asegurado que para la Generalidad ésta es una de las cuestiones fundamentales que todos los años se contempla en el presupuesto.

40 por ciento del presupuesto

En este sentido, ha reiterado que el 40 por ciento del presupuesto valenciano va destinado a la sanidad pública con más de 60.000 trabajadores que atienden todos los días a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y que velan por una asistencia sanitaria de máxima calidad. “Tenemos los mejores profesionales”, ha dicho y ha apelado a su “esfuerzo, dedicación y compromiso con la sociedad” para que sigan ofreciendo lo mejor de sí mismos y poder hacer realidad consultorios como el de Bolbaite.

“Todos (profesionales, farmacéuticos, gestores y administraciones) tenemos que trabajar para que nuestro sistema sanitario, fundamental para dar seguridad a la sociedad, pueda atender con calidad a los ciudadanos, desde el municipio más importante hasta el más pequeño, porque existe una garantía de asistencia sanitaria”. Por último, ha instado a los ciudadanos a “disfrutar y a hacer un uso responsable del sistema”. “Porque tenemos la suerte de haber hecho un buen camino, pero debemos seguir trabajando y poner en valor aquello que hemos construido”, ha concluido.

 

Rosado: “Hay que aprovechar la agilidad y sinergias del sector empresarial para ponerlas al servicio del sector público”

04/07/2012 | elperiodic.com

• El conseller de Sanitat ha participado en el foro de debate sobre política sanitaria organizado por el Hospital de La Ribera

• Rosado reafirma que el ámbito empresarial ofrece herramientas de mejora de la eficiencia del sistema sanitario que la Administración no permite

 

El conseller de Sanitat, Luis Rosado, ha ofrecido una conferencia sobre los modelos de colaboración público-privada en el ámbito sanitario en el marco del Foro Sanitario Alzira, presentado por el director gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Manuel Marín. Rosado ha explicado que esta colaboración permite aprovechar las sinergias y la agilidad del sector empresarial, para ponerlas al servicio del sector público y ganar eficiencia”.

“La rigidez burocrática no permite acometer determinadas mejoras en la calidad y la eficiencia del sector sanitario”, ha recordado Rosado. “Debemos aplicar todas las soluciones a nuestro alcance para salvar esos obstáculos y una de ellas pasa por colaborar con el sector privado en aquello que nos pueda beneficiar”.

Aunque el modelo de gestión por concesión administrativa (‘modelo Alzira’) es distinto al nuevo modelo sanitario de gestión compartida que se pondrá en marcha en 2013, el conseller ha destacado que “el de Alzira es un ejemplo del éxito que puede suponer la participación empresarial bien gestionada en la sanidad pública: hemos conseguido atender a la población con los mismos objetivos de calidad que en el resto de departamentos, pero con una disminución de costes del 25% y unas encuestas de satisfacción que lo abalan”.

El modelo Alzira fue pionero en España al establecer la gestión por concesión administrativa del departamento de Salud. Actualmente 5 departamentos en la Comunitat se gestionan mediante este modelo. “La experiencia nos demuestra que a veces hay que innovar para mejorar; hay que gestionar de forma valiente para asumir los cambios sociales y las nuevas necesidad, y nos encontramos ahora inmersos en ese proceso”, ha señalado Rosado.

El proceso de innovación tendrá su resultado en el nuevo modelo sanitario de gestión compartida en cuyo diseño trabaja la Administración Valenciana. “Es un paso más en la colaboración público-privada que tan buenos resultados ha dado hasta el momento”.

Modelo Sanitario de Gestión Compartida
El nuevo modelo trata de potenciar las sinergias de la colaboración público-privada, mediante la externalización de la parte no asistencial, en su mayoría ya externalizada (como cocinas, lavandería, limpieza o mantenimiento); así como de otros suministros, material sanitario y productos farmacéuticos en su parte logística.

Según el conseller, se trata de “aprovechar la agilidad y la experiencia de la empresa privada en su ámbito, y unirla a la calidad y prestigio del sector público en el ámbito para hacer un modelo eficiente y sostenible en el futuro”. El nuevo modelo generará economías de escala con ahorros de entre el 10% y el 15%, aglutinando en una misma empresa y gestión todos los diferentes servicios ya externalizados y la logística.

El modelo estará en marcha el 1 de enero de 2013, y el proceso para la contratación de las empresas que lo llevarán a cabo se encuentra en fase de actuaciones previas al diálogo competitivo, con la elaboración del documento descriptivo del contrato.

 

 

 

 

 

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Realizado por Fernando Colombo

El spot ‘Tijeras’ denuncia los recortes efectuados en la Sanidad Pública

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) –

   El director de cine Fernando Colomo, junto con los miembros del Grupo de Salud del 15M, han presentado este martes el spot ‘Tijeras’ que, bajo el lema ‘Si cortamos la sanidad, cortamos la vida’, denuncia los recortes efectuados en la Sanidad Pública y la progresiva privatización de este sistema.

   El spot, que dura un minuto y medio, “habla de los recortes y de las tijeras”, explica el doctor Javier González Medel, miembro del Grupo de Trabajo de Salud del 15M. ‘Tijeras’, difundida por Internet a través del canal ‘Youtube’, está ambientada en un quirófano en el que los profesionales tienen que asistir a un paciente que acaba falleciendo por culpa de los recortes.

   De este modo, González Medel denuncia un proceso “que viene de lejos” y que supone “la privatización de los servicios de la Sanidad Pública”. “Con la excusa del gasto sanitario se están acometiendo recortes que están yendo más allá”, insiste, a la par que reconoce que, a pesar de que “siempre” se ha gastado más “de lo que estaba presupuestado”, España desembolsa en sanidad “menos” de la media europea.

   En este sentido, González Medel considera que “el gasto medio por habitante” realizado en España es “aceptable” y, por ello, este hecho es una “excusa” para “desmantelar el sistema público”. Así, en sus palabras, el Gobierno trata de cambiar el modelo sanitario “por uno de negocio” y, con el tiempo, habrá dos vías: la de la “beneficencia” y la del que tenga dinero pueda pagar su asistencia. “El derecho a la salud deja de ser un derecho para ser un privilegio”, subraya.

   A su juicio, en estos momentos, se está asistiendo a una “aceleración clara” de la pérdida de derechos sociales que lleva a la exclusión de personas del Sistema Nacional de Salud (SNS). “No sabemos dónde van a llegar las tijeras”, declara, al tiempo que pide la colaboración ciudadana para frenar los recortes sociales.

   Asimismo, este profesional sanitario asegura que la esperanza de vida ha empezado a reducirse “en meses”. “Los recortes en sanidad recortan la vida y se traducen en una mayor mortalidad”, sostiene.

   Por su parte, Dori García, enfermera del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y también miembro del Grupo de Trabajo de Sol, manifiesta su preocupación sobre el “deterioro” que esta sufriendo la Sanidad Pública, especialmente la de la Comunidad de Madrid. “Ya viene de tiempo atrás”, sostiene, a la vez que explica que los presupuestos públicos se “desviaban a hospitales de gestión privada”.

   Dicho esto, lamenta que “cada vez haya menos contratos” y que se vayan a “extinguir” 26 categorías profesionales establecidas en el sistema sanitario madrileño, como las referidas a cocineros, albañiles, costureros, lavanderos, celadores o telefonistas, tras anunciar la Comunidad de Madrid que pasarían a ser de gestión privada.

   Asimismo, en relación al nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, aprobado el pasado mes de abril, señala que, con esta medida, va a haber “personas que no van a poder acceder al sistema sanitario”. “O tenemos dinero en el bolsillo o no nos vamos a poder poner enfermos”, puntualiza.

   Con todo, la enfermera propone acudir a los centros médicos de los barrios a “demandar” sus necesidades sanitarias. “Invitamos a que todo el mundo informe y diga que no. Nadie nos ha regalado nada y no queremos que nos vendan la sanidad”, sentencia.

   De la misma opinión es González Medel, quien insiste en que “no nos  pueden arrebatar algo que a generaciones anteriores les costó sangre, sudor y lágrimas”.

   Precisamente, este jueves, a las 12 de la mañana, trabajadores de los principales hospitales madrileños van a “encerrarse” en el Hospital Ramón y Cajal con el objetivo de denunciar los recortes y sus condiciones laborales. Invitan también a los usuarios del sistema y a los ciudadanos, en general, a sumarse a esta iniciativa.

   Por último, Colomo, quien explica que el spot ha sido realizado a “coste cero” y es fruto de “un trabajo desinteresado”, pide “comunicación” entre los diferentes colectivos para que “nos podamos ayudar los unos a los otros”. Sobre ‘Tijeras’, reconoce que “fue una experencia muy bonita” y la prueba de que “cuando se tiene ganas de hacer cosas, se pueden hacer”.

 

Protesta en Valencia

Los ´iaioflautas´ reaparecen en Valencia contra el copago

El colectivo irrumpe en la Conselleria de Sanidad para protestar contra la privatización de la sanidad y el medicamentazo y arranca los aplausos de los presentes

 

J. M. SANCHIS | VÍDEO: LAURA ALONSOLos ‘iaioflautas’ han reaparecido hoy en Valencia y han llevado a cabo una nueva acción reivindicativa. Poco antes de las 11 horas, una veintena de miembros del colectivo, ataviados con sus chalecos fluorescentes amarillos, ha irrumpido en la sede de la Conselleria de Sanidad, en la calle Micer Mascó de Valencia.

Al grito de “No a los recortes” y “Banqueros a la cárcel”, los ‘iaioflautas’ han ocupado el vestíbulo de la conselleria mientras exhibían panfletos en los que mostraban su rechazo a la privatización de la sanidad, el copago farmacéutico y la exclusión de medicamentos del Sistema Nacional de Salud.

Uno de ellos ha leído un manifiesto, que después han registrado para que le sea entregado al conseller de Sanidad, Luis Rosado, en el que dicen “basta a las agresiones económicas y sociales a las que nos estamos viendo sometidos”. Después han sido ‘invitados’ por los agentes de seguridad a abandonar el recinto y han seguido su protesta en el exterior.

Los ‘iaioflautas’ han recordado que sus hijos y nietos “se ven a ver obligados a emigrar de este país para no morirse de hambre como hicimos nosotros”.

También han criticado que se hagan “repagar” a los jubilados y pensionistas una parte de los medicamentos, que se “haya suprimido la ley de dependencia, y se haya subido el IRPF, el agua, la luz y el gas”.

“Para nosotros es evidente que lo que ustedes pretenden es ir hacia la privatización salvaje de la sanidad pública”, añade el escrito.

La protesta ha arrancado los aplausos espontáneos de funcionarios y ciudadanos que allí se encontraban.

Este grupo de sexagenarios reivindicativos, nacido de la indignación y al calor del 15M, organizó el pasado mes de junio una acción simultánea en Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma y Valencia, donde entraron en las sedes de Bankia para protestar por los 24.000 millones de euros que el estado va a dar a la entidad.

Planificación de la asistencia sanitaria

Simap cuestiona los criterios de los ajustes en el Hospital de Cuenca

Los sindicatos del área piden más información

Redacción. Cuenca
El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública de Castilla-La Mancha (Simap-CLM) ha cuestionado las medidas de ajuste que se van a aplicar en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, porque atienden solo a criterios económicos y no obedecen a una planificación rigurosa de la asistencia sanitaria.

Simap-CLM ha expresado su “más enérgico rechazo” a las medidas de ajuste que va a aplicar el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Estas medidas atienden solo a criterios económicos y no “a una planificación rigurosa de la asistencia sanitaria” y además se hacen “a espaldas de los profesionales, sin ningún diálogo ni negociación real”.

Simap-CLM ha asegurado que la información que se ha proporcionado a los sindicatos del área sanitaria no ha sido “todo lo rigurosa y exhaustiva que debiera ser”.

En este sentido, ha indicado que mientras que en un documento oficial del Sescam se establece que se iban a despedir como máximo a 25 auxiliares de enfermería, el gerente del Hospital Virgen de la Luz, Rodolfo Antuña ha comunicado a los sindicatos que va a haber 31 despidos en este colectivo.

“El significado de esta discrepancia en las cifras requiere una aclaración inmediata”, ha reclamado Simap-CLM, que ha denunciado que tampoco se les dijo a los sindicatos que la remodelación de las guardias había afectado al servicio de farmacia, como ha ocurrido.

El sindicato ha calificado como “censurables e inexplicables” tanto la “premura” como “los modos” usados para comunicar a algunos trabajadores los despidos.

Además, ha considerado que para analizar la repercusión de los ajustes hay que evaluar la situación de la que partía el Hospital de Cuenca, ya que tenía una plantilla “infradimensionada” con respecto a otros hospitales de Castilla-La Mancha, por lo que el impacto será mayor que en otros centros hospitalarios.

Simap-CLM ha advertido que es “una incógnita” cómo se mantendrá la asistencia en los servicios en los que ha habido despidos y qué prestaciones pueden verse afectadas, ya que el cambio de los planes funcionales recientemente aprobados, “sugiere una planificación de las necesidades sanitarias poco rigurosa”. Según el sindicato,  “la consecuencia última de dichas medidas será la sobrecarga de los trabajadores restantes, el aumento de las listas de espera, el deterioro de la calidad de la asistencia prestada y mayor dolor y sufrimiento para los pacientes”.

Las aseguradoras dejan sin póliza a Sanidad para negociar un precio mejor

El Colegio de Médicos de Valencia intentó firmar un convenio con la conselleria para contratar el seguro

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA
Las compañías de seguros han dejado desierto el concurso de la Conselleria de Sanidad de la póliza de responsabilidad civil de los 50.000 empleados de instituciones sanitarias para negociar con la Administración una rebaja en el precio de licitación que salió por 13 millones de euros para dos años, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes próximas a las aseguradoras.
El pliego del concurso indicaba que la adjudicataria tendría que hacerse cargo de la póliza con efecto retroactivo desde el uno de enero de este año, una circunstancia que también está en el eje del debate. El objetivo de las compañías es conseguir una rebaja de al menos tres millones para que el precio se iguale al del último concurso que ganó una compañía australiana por 5 millones de cobertura anual.
La Federació de Sanitat de CC OO ya anunció que el concurso podría quedar desierto y ayer al confirmar este extremo a través de la Plataforma de Contratación de la Generalitat, el sindicato declaró que la ausencia de aseguradora, “lleva a una situación de vulnerabilidad e indefensión de los profesionales ante cualquier eventualidad derivada de un error o un accidente, que es muy preocupante”.
Seis mil de los 12.000 médicos que trabajan en la sanidad pública han tenido que ampliar el seguro que tenían contratado a través del colegio profesional para cubrir la franquicia de hasta 600.000 euros que asumía la póliza de la conselleria, según declaró ayer a Levante-EMV la presidenta Rosa Fuster.
La portavoz colegial indicó que dado que el 99 % de las reclamaciones judiciales que se presentan en sanidad son contra médicos, el colegio propuso a la Administración firmar un convenio para contratar la póliza a través del colegio. “Estábamos dispuestos a hacerlo y además salía más barato”, agregó Fuster que añadió que la conselleria lo desestimó porque no había una forma legal de organizarlo. Mil facultativos han ampliado su póliza con Uniteco, la compañía que pagó la campaña electoral de Fuster.
Por otra parte, el presidente del Consejo autonómico de Enfermería, José Antonio Ávila, informó que todos los enfermeros (los 15.000 de la pública y los 8.000 de la privada) tienen una seguro de responsabilidad civil asociado a la cuota colegial.
La conselleria recordó que no existe desprotección porque la ley 30/92 establece que la responsabilidad subsidiaria es de la Administración.

 

El Constitucional portugués declaró ilegal suprimir pagas extras a funcionarios

Para el alto tribunal, la medida del Gobierno era discriminatoria porque no afectaba a todos los ciudadanos por igual, sino solo a quienes cobran un sueldo público

La sentencia ha revolucionado al país tras un año de recortes

Antonio Jiménez Barca Lisboa 12 JUL 2012 – 10:57 CET14

El pasado jueves 5 de julio, el Tribunal Constitucional portugués, por nueve votos a tres, declaró ilegal la supresión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas decretada por el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho en octubre de 2012. El primer ministro, entonces, en una declaración solemne y televisada, anunció que los funcionarios y jubilados que cobraran más de 1.100 euros al mes, se quedarían sin paga extra hasta nuevo aviso. Los que cobraran entre 600 y 1.100 euros, la verían reducida.

Ahora, nueve meses y dos pagas extras escamoteadas después, la sentencia ha sacudido por entero al país, ya que pone en entredicho una de las medidas de ajuste más duras del Ejecutivo, casi el símbolo de su programa draconiano de recortes. Los jueces basan su decisión en que esta eliminación de pagas extras vulnera el principio constitucional de igualdad y, por tanto, es discriminatoria.

El tribunal, en su fallo, asegura: “Es indiscutible que con las medidas impugnadas, el reparto de sacrificios (…) no se lleva a cabo de igual manera entre todos los ciudadanos proporcionalmente según sus capacidades financieras (…), sino en aquellos que reciben su salario de organismos públicos”. Después, los jueces consienten en que la decisión de Passos Coelho, desde el punto de vista presupuestario y teniendo en cuenta la dramática situación económica en la que se encontraba (y encuentra) Portugal, es un recurso socorrido y útil: “Es innegable que en el actual contexto la medida se justifica por su eficacia a corto plazo”.

Pero la sentencia concluye que la decisión “sobrepasa” los “términos de la igualdad proporcional”, que por eso debe ser declarada ilegal, y añade: “[el objetivo de déficit] se debe alcanzar a través de medidas (…) que no se traduzcan en un reparto de sacrificios excesivamente desigual. (…) Cuanto mayor es el grado de sacrificio impuesto a los ciudadanos, mayores deben ser las exigencias de equidad y justicia en la participación de esos sacrificios”.

Con todo, el tribunal, apelando al complicadísimo estado de las cuentas públicas portuguesas y a los compromisos firmados con la troika, aclaró que las pagas extras ya eliminadas (la de Navidad de 2011 y la de verano de 2013), no serán devueltas. De ser así, según el tribunal, “se pondría en riesgo la financiación acordada y, por tanto, la solvencia del Estado”. Este apartado encrespó a algunos diputados de la oposición (entre los que se contaban algunos de los que habían interpuesto el recurso de inconstitucionalidad que derivó en la sentencia), que denunciaron, entre otras cosas, que en Portugal manda actualmente más la troika acreedora que la Constitución.

Con todo, los funcionarios portugueses no disfrutarán tampoco de sus futuras pagas extras por entero. El primer ministro, Pedro Passos Coelho, aseguró poco después de conocer la sentencia que la cumplirá, pero que también cumplirá con el objetivo de déficit y que buscará una solución más igualitaria para conseguir los 2.000 millones de euros al año que se recaudaban con la medida ahora tumbada por el Constitucional. E insinuó una probable y próxima supresión de pagas extras para todos los asalariados portugueses. Actualmente el Gobierno trabaja en eso. La respuesta se sabrá en otoño, cuando se discuta el presupuesto para el año que viene.