Alianza por un Sistema Público de Servicios Sociales
Valencia, 27 de junio de 2012
Carta valenciana de Derechos Sociales: aspectos centrales de la ciudadanía social, derechos
sociales y garantías
Alianza por un Sistema Público de Servicios Sociales
Por una Carta Valenciana de Derechos Sociales como proceso
de construcción de la Ciudadanía Social Comunitaria
Introducción
La hegemonía del sector financiero, después de décadas de constante desregularización y
privatizaciones de los servicios públicos, animada por una ideología neoliberal fuerte, ha
conseguido desplazar a la economía productiva y sustituirla por la especulación
financiera y con esto, llevar a efecto un proyecto neoliberal globalizador, que es la
vez un proyecto político, económico, de pensamiento y de percepción de la realidad, que
pretende la superación de los principios, la organización y las finalidades de los Estados Sociales y
Democráticos de Derecho implantados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
Estos Estados que son consecuencia de la enorme capacidad productiva de las
economías actuales y fruto del pacto entre las fuerzas del trabajo y las del capital, hace
tiempo que muestran su incapacidad para resolver los conflictos que se generan
entre naciones, entre clases, entre géneros y en la relación de los humanos con la
naturaleza.
La prosperidad que se ha vivido en estas naciones del centro del sistema capitalista ha
estado ligada a la explotación de los recursos materiales, energéticos y humanos de las naciones
de la periferia del sistema y es por tanto una prosperidad injusta, condicionada por la
imposibilidad de estas naciones para hacerse respetar.
En nuestro país, esta prosperidad vivida ha anestesiado de manera general a una
sociedad desprovista-entre otras cosas-de conciencia de las catastróficas
consecuencias de la burbuja inmobiliaria y eso ha facilitado, el País Valenciano y la
resto de los países desarrollados del sur de Europa, que el pensamiento de las clases
dominantes sea asumido cada vez de manera más amplia, configurando el llamado
pensamiento único que ha impregnado a todo el cuerpo social y lo ha desmovilizado. Además, no
afecta a todos por igual y permite culpabilizar a los pobres y excluidos por “su
personal ineptitud “en beneficiarse de un modelo social que se pretende correcto.
La enorme capacidad desarrollada por el sistema productivo, ha puesto en evidencia las
limitaciones físicas de recursos que impone el planeta y su incapacidad para
metabolizar los residuos y las contaminaciones que genera, dando paso a un emergente
pensamiento económico alternativo que cuestiona el mito de crecimiento económico
sostenido.
El fenómeno de la globalización económica, la fragmentación internacional de los
procesos productivos, la cesión de soberanía a organizaciones internacionales (OMC,
FMI, BCE, CE, …), las grandes sumas de capitales y las desregularizaciones de sus
flujos que están a disposición de los fondos de pensiones y de inversión y la revolución
informática, ha permitido que el capital más especulativo haya llegado a ser el dominante y
dado lugar al fenómeno de financiarización de la economía y más recientemente en la actual
crisis.
Con motivo de ella se ha iniciado un macroproceso de regresión social-desregulación
laboral, recortes y retroceso en las conquistas sociales-que conduce al
desguace del estado del bienestar.

Imatge
Cada vez es más general el pensamiento de que esta crisis es sistémica y que afecta
muy especialmente a los sistemas democráticos que empiezan a ser cuestionados
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Por una Carta Valenciana de Derechos Sociales como proceso
de construcción de la Ciudadanía Social Comunitaria
ampliamente, a las formas de relacionarse las personas entre sí, y las relaciones
de ellas con la naturaleza.
En este contexto de crisis general, se enmarca pues la necesidad de reflexionar sobre
los Derechos Sociales que están siendo rápidamente desmantelados, con una perspectiva que
no tenga como finalidad simplemente la recuperación del anterior estado del bienestar,
sino que añada la crítica radical a la mercantilización de las relaciones humanas, la
necesidad de su despatriarcalización , la crítica al mito del crecimiento y la
recuperación de las relaciones comunitarias y la participación de las personas y las
comunidades en la gestión y provisión de los bienes comunes.
Ciudadanía social y regeneración comunitaria
Proponemos a la sociedad valenciana la puesta en marcha de un proceso político y social de
construcción de una Carta valenciana de Derechos Sociales que dé poder a la ciudadanía y
sus comunidades, al tiempo que permita ser concebida como un instrumento para la
transformación social emancipadora. Una Carta que:
– Subordine cualquier tipo de política económica, fiscal, laboral o social, a
la efectiva realización de los derechos que contiene.
– Articulo y garantice una ciudadanía social y económica efectiva que, además de
constituir la base de una existencia digna, nos permita ejercer el control de las
decisiones políticas que afectan el porvenir de la vida de las personas, los
grupos y las comunidades.
– Garantice la base material para el ejercicio de los derechos formalmente reconocidos.
– Articulo un proceso de regeneración comunitaria y de re-apropiación de los recursos,
el espacio social, cultural y de los conocimientos, orientado a superar las estructuras
de dominación clasista y patriarcal.
– Reconocido y valore la diversidad y pluralidad humana en todas sus
dimensiones y alcance, sean éstas de edad, etnia, género, orientación sexual,
salud, ideas o capacidad económica.
– Iniciada y promovida desde la base, sea fruto de un proceso horizontal y
radicalmente igualitario. Todo ello mediante formas de acción colectiva articuladas
desde lo local hacia niveles superiores de la acción sociopolítica.
Proponemos huir de la tentación de fijar el objetivo en la obtención de un mero texto
normativo. Situamos el valor de la Carta valenciana de Derechos Sociales en el propio proceso
de la conquista social, ya que este proceso debe ser estímulo y oportunidad para la
reflexión crítica y la toma de conciencia, así como la ocasión para la creación y
recuperación de los vínculos comunitarios y el activismo social.
De acuerdo con todo ello, proponemos que el proceso se inicie con la apertura de un amplio
debate sobre el ideal comunitario íntimamente ligado a la plena ciudadanía social, el cual ha
de servir permanentemente de referente para valorar la consecución de los fines planteados:
• Un ideal de comunidad que realice un principio de desmercantilización y de
despatriarcalización de las relaciones humanas, en el sentido de que sean
predominantes en la acción individual y colectiva las motivaciones y actitudes
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Imatge
Por una Carta Valenciana de Derechos Sociales como proceso
de construcción de la Ciudadanía Social Comunitaria
igualitarias, pro-sociales, altruistas y cooperativas, generadoras de bien común,
confianza social y apoyo mutuo.
• Un ideal de comunidad que busque la generación de las condiciones necesarias
para la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres y re-define todas
las situaciones desde la perspectiva de género.
• Un ideal de comunidad basado en la acción comunicativa, en que las
personas buscan entenderse, negociando una definición de la situación, de
manera argumental, para poder coordinar de común acuerdo sus acciones.
• Un ideal de comunidad que garantice un ámbito propio y autónomo de la persona
en su diversidad.
Algunas notas características adicionales de este ideal de comunidad son:
• La autonomía personal y la colectiva debe estar en la base de cualquier
proyecto comunitario radicalmente democrático e inclusivo.
• La acción comunitaria reconoce el conflicto de una manera natural y no
criminalizadora; como un hecho consustancial a las personas que no debe ser
negado y que debe ser percibido como una fuente de oportunidad. Deben ser
constitutivas de la acción comunitaria las actitudes basadas en la prevención, en el
reconocimiento, el fomento y la validez de la diversidad, y en la no-
competitividad, entre otros.
• La comunidad, lo es, en tanto que puede permitir la socialización de los recursos y
comprometerse con la universalidad en el acceso a los mismos.
• La regeneración comunitaria debe implicar el apoderamiento de las comunidades y
su capacitación para incidir significativamente en las escalas intermedia y
global.
• El colectivo y lo común debe ser el ámbito natural para el enfoque y la
resolución de los problemas. La acción comunitaria debe denunciar las pautas de
desmontaje de los asideros colectivos de la persona, así como aquellas otras
que invisibilizan a las dimensiones compartidas de los problemas sociales. Debe
denunciar, también, la lógica individualista de las responsabilidades, fundamento de
la ideología del éxito / fracaso que, combinada con la cultura del miedo, es la
base de crecientes niveles de criminalización, estigmatización y represión.

Imatge
• La acción comunitaria debe permitir a las colectividades transitar de una
identidad de resistencia a otra identidad de proyecto. La primera es
reactiva, mientras que la segunda habilita la articulación de proyectos democráticos
de participación ciudadana en clave transformadora.
• Una comunidad consustancial con la construcción de una ciudadanía plena, en
la cual las personas no son receptoras pasivas de ayudas y prestaciones, sino
agentes de su propio cambio. Los derechos sociales genuinos deben ser instrumentos
de activación sociopolítica y comunitaria.

Imatge
• La identidad colectiva es una condición necesaria para la formación del
sujeto colectivo comunitario y para la existencia de la propia comunidad. Para
embargo, hay que crear las condiciones necesarias para el mantenimiento de las redes
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de construcción de la Ciudadanía Social Comunitaria
naturales, de apoyo mutuo, referencias comunes, re apropiación de los espacios
públicos y de las redes formales, sin que ello signifique identificar la
comunidad con un ente de intereses homogéneos, sino al contrario, la comunidad
debe considerar la pluralidad cultural, de actores e intereses diversos, de usos y
costumbres también diversos y todo ello en una perspectiva de inclusión social de cada
persona o grupo que conforma una comunidad humana.
• La acción comunitaria aspira a avanzar todo lo posible en los procesos de
desprofesionalización y destecnificación ya evitar, con ello, la delegación en los
técnicos para la resolución de todos y cada uno de los problemas que puedan
aparecer en el transcurso de la convivencia comunitaria. Para ello, hay que
incorporar pautas de democracia directa e inclusiva; reconocer y respetar la
multiplicidad de los niveles y espacios de decisión.
• El hecho comunitario no es posible sin el reconocimiento del derecho a decidir cómo
derecho colectivo primordial. Las comunidades deben ser el contra-poder de los
grandes poderes políticos y económicos, al punto de poder influir decisivamente en
las decisiones, e incluso de poder vetar proyectos antisociales o que atenten
contra la propia articulación de la comunidad.
• La acción comunitaria exige reconocer el valor y la validez del conocimiento
que la vivencia cotidiana proporciona a las personas, así como criticar el mito
de la superioridad del conocimiento experto.
• La educación popular mediante la acción cultural y la reflexión crítica es una de las
principales acciones comunitarias. Se integrará de procesos de búsqueda de lo
común, desligándose, en consecuencia, de modelos basados en relaciones
verticales de transmisión de conocimiento.Imatge

 

Carta valenciana de Derechos Sociales:
aspectos centrales de la ciudadanía social, derechos sociales y garantías
Esta Carta de derechos sociales recoge y da efectividad a los principios y valores expresados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Reconoce y garantiza un conjunto de
derechos que articulan y desarrollan los elementos constitutivos de la ciudadanía social,
concebida ésta como hecho inherente a la mera existencia de las personas y en
igualdad de condiciones para todas. Esencialmente, tales elementos serían:
1) La vida digna, tanto individual como colectiva, que debe ser objeto de
protección mediante el derecho inalienable a la misma, el cual no debe estar
vinculado, en ningún caso, al estatus económico que proporcionan las rentas del
trabajo. El trabajo asalariado no puede ser considerado ni como un valor, ni como el único
elemento de integración social. El derecho a la vida digna implica la necesidad de
desplazar la centralidad social de la institución del trabajo asalariado.
2) Igualdad de género. Derecho a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para elegir
y combinar responsabilidades familiares y laborales.
3) Un hábitat que responda a las necesidades de las personas y las comunidades y
que supere las fronteras físicas y culturales, garantizando la libre movilidad de
todas las ciudadanas y ciudadanos.
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4) Capacidad de la comunidad a decidir sobre aquello que le corresponde ya unos servicios
públicos que garanticen el abordaje colectivo de las necesidades y aspiraciones
sociales.
5) La conservación del ecosistema estableciendo un justo equilibrio entre el ser humano, la
naturaleza y la producción de bienes y servicios.
6) La plena ciudadanía social es un hecho inherente a la mera existencia de las
personas. Cualquier acto del poder que suponga una des-posesión de
la existencia jurídica o menoscabo de cualquier derecho fundamental es
ilegítimo.
A partir de esta concepción de la ciudadanía, los principios y valores que deben inspirar y
informar a los derechos sociales son:
– Pluralismo y diversidad. No competitividad.
– Universalidad e incondicionalidad, autonomía y dignidad, frente al paternalismo
o la estigmatización social y suficiencia en los niveles de los derechos.
– Inclusividad en el sentido de que los servicios deben adaptarse a las personas y no a
al revés; eficacia y participación.
– Igualdad, libertad real individual y colectiva.
– Transparencia y participación democrática. Des-mercantilización y no aprovechamiento
privado.
– Tutela judicial efectiva y suficiencia financiera como garantía de los derechos sociales.
– Control democrático de los poderes públicos, económicos y sociales.
– Sostenibilidad social, medioambiental y cultural.
– Libertad de expresión.
Finalmente, algunos aspectos concretos que proponemos como contenidos específicos de la
Carta valenciana de Derechos Sociales son:
(A) El derecho a un sistema público de servicios sociales, que garantice el acceso a las
prestaciones básicas como un derecho de ciudadanía, que evite los procesos
de exclusión social y que asegure la igualdad de oportunidades, la promoción de
la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia,
a las personas con discapacidad, a los menores, a las personas inmigrantes ya
las mujeres.

Imatge
(B) Derecho a un sistema público de sanidad ligado a la condición de ciudadanía, que
atienda los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la salud. Que ponga
el énfasis en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud y la atención
a sus determinantes sociales. Que se mantenga fuera del control privado y de
la influencia decisiva del complejo industrial bio-médico, farmacéutico y
tecnológico. Y que permita la participación efectiva de los usuarios y
profesionales en su gestión y control a todos los niveles.
(C) Derecho a un sistema público de educación plural, de calidad, laico y en valenciano al
largo de toda la vida, que se adapte a la diversidad de todas las personas, que
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utilice metodologías eficaces, que permita el aprendizaje a todas las
personas para que puedan desplegar sus potencialidades y
desarrollarse de forma creativa.
(D) Derecho a una renta básica universal, no condicionada, individual y suficiente en
su cuantía para asegurar una vida digna.
(E) Derecho a la ocupación de calidad y socialmente útil ya la libertad sindical, en
coherencia con el principio: “a cada uno, según su necesidad; de
cada uno, según su capacidad “.
(F) Derecho de las personas y de las comunidades a recuperar y promover los
mecanismos naturales para satisfacer los bienes públicos.
(G) Derecho a la identidad, a la no discriminación ya la libre expresión, a elegir en
igualdad entre las diferentes opciones vitales (profesionales, personales,
de identidad de género, de modelos de convivencia), ya que el género no
sea un factor adicional de riesgo social y vital. Derecho a la auto-gestión del propio
cuerpo.
(H) Derecho a la vivienda y el espacio urbano idóneo para la cohesión social, la participación
pública y el pleno desarrollo de las personas y las comunidades.
(I) Derecho a una integración social justa, democrática y respetuosa con las
diferencias culturales de los recién llegados. Derogación de las legislaciones
excepcionales como la Ley de Extranjería, entre otros, y su sustitución por
una política de migraciones presidida por los principios y valores contenidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
(J) Asimismo, esta Carta valenciana de Derechos Sociales ha de reconocer
del Estatuto de autonomía cultural del pueblo gitano.
No creemos que una Carta de derechos sociales, concebida exclusivamente como un
instrumento jurídico, sea todo lo que se necesita para asegurar los objetivos pretendidos.
Sólo un verdadero proceso de lucha social, que involucre a toda la sociedad en una
dinámica de transformación social emancipadora, puede garantizar efectivamente los derechos
de la ciudadanía social. Sin embargo, no debemos renunciar a exigir hay garantías
financieras e institucionales como las siguientes:
– Reconocimiento, por ley, los derechos sociales.
– Garantía, por ley, de la suficiencia financiera de los derechos sociales, de manera que
la falta de adecuada consignación presupuestaria conlleve la nulidad de pleno
derecho de los presupuestos de la Administración.
– Establecimiento, por ley, de un suelo o mínimo legal de gasto social por habitante.
– Establecimiento de suficientes garantías jurisdiccionales para la efectiva tutela judicial de los
derechos sociales.

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